Una parte de la oposición le pidió a la Justicia que dicte una cautelar para impedir que mañana miércoles la Cámara de Diputados se aboque a sancionar el nuevo Código Civil y Comercial.
Los diputados de la Coalición Cívica-Unen, Elisa Carrió y Fernando Sánchez, se anticiparon al resto y ayer presentaron un escrito ante el juzgado federal número 1 en lo Contencioso Administrativo, que está en manos del juez Marinelli, a quien le solicitaron un amparo ya que entendieron que el tratamiento "exprés" que le dará el oficialismo al Código que regulará todas las relaciones entre privados "es absolutamente ilegal porque viola el principio de formación y sanción de las leyes establecidos en la Constitución".
Carrió y Sánchez argumentaron que el oficialismo busca llevar al recinto la media sanción que le dio al Senado en noviembre, sin que ninguna de las comisiones permanentes de la Cámara Baja dictamen al respecto, lo que impide a los diputados participar del proceso de confección de una ley que prevé la Constitución.
Según la Coalición Cívica, el dictamen que sacó la Comisión Bicameral creada especialmente para atender en la materia no puede tomarse como tal porque cuando llegó al Senado sufrió modificaciones y porque, además, dicho órgano cambió su composición luego del recambio legislativo acaecido en diciembre de 2013.
Consultada por los medios, luego de hacer la presentación en el Juzgado, la legisladora opositora apuntó contra los jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Elena Higthon, autores del anteproyecto, porque "ganarán millones ya que serán los que hagan los comentarios del Código Civil que deberán comprar todos los abogados".
Además, Carrió dijo sentirse agredida como católica por el "lobby" de los obispos por afuera del Parlamento para que el oficialismo hiciera algunos cambios sustanciales.
"Advertirá que no buscamos impedir la sanción en sí del proyecto de ley en cuestión, sino procurar que se respeten los pasos constitucionales y reglamentarios para su aprobación", aclararon Carrió y Sánchez en su presentación.
Pero no sólo la Coalición Cívica acudirá a la Justicia. Hoy hará lo propio la macrista Patricia Bullrich, quien podría presentar un escrito similar a Carrió-Sánchez con la firma del jefe del bloque del PRO, Federico Pinedo.
El grueso de la oposición tendrá este mediodía una reunión para analizar los pasos a seguir mañana. En el radicalismo y el FAP evalúan no dar quórum y entrar recién cuando el oficialismo tenga 129 legisladores en sus bancas para hacer los reclamos correspondientes.
Si el kirchnerismo los rechaza, entonces el plan sería que toda la oposición deje el recinto y que el oficialismo discuta y vote en soledad. Otra posición, más extrema, es no asistir directamente a la sesión para "no convalidarla", esto es lo que sostiene Carrió.
El titular del bloque radical, Mario Negri, no se mostró muy confiado en que los pedidos de Coalición Cívica y del PRO tengan eco en la Justicia. Por eso evaluó que lo más probable que los reclamos judiciales se hagan luego de la sanción del Código, pidiendo su nulidad.
"Es una aberración votar esto de esta manera. Creíamos que nos iban a dejar hacer cambios en comisiones y participar pero nos están cercenando. Además, el artículo 19 es una involución respecto a la ley de Fertilización Asistida.
El kirchnerismo sancionó esta ley con la mano izquierda y ahora con la mano derecha votará el artículo 19", dijo Graciela Villata, del FAP.
En el kirchnerismo nadie se mostró preocupado por la judicialización de la sesión de mañana. "Ningún juez se entrometerá en decisiones de otro poder", dijeron seguros. Sin embargo, demoraron hasta las 17 de ayer la convocatoria a la sesión de especial de mañana.
"Están buscando judicializar esto pero la Corte en todos los casos resolvió que el Poder Judicial no puede opinar sobre los trámites de sanción de leyes, porque es una cuestión enteramente política de otro poder del Estado", explicó la secretaria del bloque K, María Teresa García.
La pelea por el aborto se metió en el debate
En el marco del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, diputados nacionales de distinto color político reclamaron el tratamiento del proyecto de ley presentado en 2005 y representado por quinta vez este año. Fue en una conferencia de prensa en la Plaza de los Dos Congresos, frente a una multitud de militantes.
Unos 60 legisladores del Frente para la Victoria, la UCR, el socialismo, Unidad Popular, el GEN, Libres del Sur y el Frente de Izquierda se comprometieron a imprimirle más ritmo a la discusión por la legalización del aborto y anunciaron que le pedirán a la titular de la Comisión de Legislación Penal, la macrista Patricia Bullrich, que ponga en la mesa de discusión el tema en dos semanas.
No pasó desapercibida la polémica por el nuevo Código Civil y Comercial, cuyo artículo 19 establece que "la existencia de la persona humana comienza con la concepción", algo que para algunos restringe el derecho al aborto y a los procesos de fertilización asistida.
"El Código bloquea el derecho al aborto y complica la legislación conquistada de fertilización asistida", alertó Néstor Pitrola (PO). Pero la oficialista Diana Conti sostuvo que el artículo 19 debe interpretarse junto a otros artículos -como el 20, el 561 y el 588, entre otros- que "garantizan" las técnicas de reproducción asistida.
"Esto no interfiere en la despenalización del aborto", agregó con énfasis, aunque debió soportar silbidos de un sector de la concurrencia.
