Por Rosendo Fraga - Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría - Especial para Los Andes
Cuando el Poder Ejecutivo (en un país presidencialista y federal) no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso, una coalición parlamentaria es la clave política más relevante para la gobernabilidad.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ha dado pasos exitosos en esta dirección. Cambiemos tiene sólo un tercio del Senado provincial y menos de un tercio en diputados, algo similar a lo que sucede en el ámbito nacional.
Pero en diciembre cerró un acuerdo con Sergio Massa por el cual, sumadas ambas fuerzas, pasaron a tener mayoría de mitad más uno en las dos Cámaras. Ello hace que un legislador experimentado del peronismo disidente, como Jorge Sarghini, quede al frente de la Cámara baja, mientras que un ex intendente radical que es su vicegobernador, Daniel Salvador, esté al frente del Senado.
Con esta mayoría pudo sacar por ley la emergencia de seguridad, la penitenciaria y el Presupuesto, y también es suficiente para la ley de obras públicas.
Pero la autorización para que la provincia se endeude requería la aprobación de los dos tercios de la Legislatura. Los obtuvo negociando con un sector del FPV que puede ser designado como "peronista" frente a la oposición de otro "kirchnerista", que se mantuvo irreductible.
Esto fue la culminación de una negociación por la cual de los 90.000 millones pedidos por el gobierno provincial inicialmente, se redujeron a 60.000 millones y, de estos, 10.000 millones irán directamente a los intendentes, que jugaron un rol importante para lograr que los legisladores que los representan, respondan a sus intereses locales y no a la estrategia nacional del kirchnerismo.
No fue un proceso fácil. A fines de diciembre pareció naufragar cuando el FPV en conjunto rechazó en la Cámara baja el endeudamiento y en la primera semana de enero Vidal optó por usar el DNU para la emergencia policial y penitenciaria, que luego revalidó mediante leyes.
La designación del Directorio del Banco Provincia fue otro ejemplo en la misma línea, el cual fue aprobado por el Senado provincial. Pero entre sus miembros fueron designados dos dirigentes de Massa -uno de ellos es Daniel Arroyo, su candidato a vicegobernador bonaerense- y también un empresario muy próximo a Daniel Scioli como es Rafael Perelmiter.
Definido el problema clave de la coalición parlamentaria y despejado mediante ella el interrogante inmediato del financiamiento de la provincial, ahora en febrero la gobernadora se aplica a la negociación salarial con los gremios estatales y docentes, clave social de la gobernabilidad.
María Eugenia Vidal ha dado así una muestra concreta del "arte del acuerdo" que propuso como idea fuerza Mauricio Macri en su primer discurso público como Presidente. Sin embargo, en el ámbito nacional Macri ha optado por gobernar mediante decretos, hasta ahora.
Tarde o temprano el Presidente tendrá que resolver el problema de su propia coalición parlamentaria. Además, el 1 de marzo se inician las sesiones ordinarias del Congreso y entonces podrán entrar proyectos originados en la oposición.
La designación de nuevos miembros de la Corte Suprema, la de embajadores políticos -que en algunos casos han comenzado a serlo por decreto- y los ascensos de las Fuerzas Armadas que propondrán los nuevos mandos, requerirán el acuerdo de dos tercios de los senadores.
Los legisladores nacionales del FPV muestran el mismo germen de división que los bonaerenses, pero mientras no avance la negociación para la coalición parlamentaria se postergará su manifestación. Medidas como el aumento por decreto del porcentaje porteño de la coparticipación, puede unificarlos.
Pero hay un tema que requeriría una acción más inmediata: la Comisión Bicameral de Trámite Legal Parlamentario, que es la que debe convalidar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Ellos pueden ser invalidados por el Congreso a partir de un dictamen de esta comisión o por la Justicia, si los declara inconstitucional.
Está integrada por 8 senadores y 8 diputados nacionales. La mitad de los 16 son del FPV, 6 de Cambiemos y 2 del Peronismo Disidente. Hasta ahora, este empate ha impedido la designación de su Presidente y ello viene demorando su constitución, aunque el FPV ha emitido un despacho que cuestiona los decretos.
El kirchnerismo ha colocado en esta decisiva comisión a algunos de sus legisladores más caracterizados. Tal es el caso de los senadores Juan Manuel Abal Medina (Buenos Aires) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). Lo mismo sucede con los tres diputados nacionales: Marcos Cleri (Santa Fe), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Diana Conti (Buenos Aires). Además, los 5 son de provincias que no están gobernadas por el FPV, con lo cual no tienen la presión provincial para negociar.
Pero los tres restantes, que son senadores, pertenecen a provincias gobernadas por el peronismo, donde el interés por negociar es fuerte. Tal es el caso de Graciela De la Rosa (Formosa), Mario País (Chubut) y Manuel Irrazábal (Misiones). Los gobernadores de estas tres provincias se han mostrado -por convicción o necesidad- proclives al diálogo con el gobierno nacional.
En conclusión: la gestación de una coalición parlamentaria es la clave de la gobernabilidad para Mauricio Macri; mientras María Eugenia Vidal se ha mostrado muy eficaz en lograrla, el Presidente viene dilatando esta tarea, para lo cual destrabar la Comisión Bicameral de Trámite Legal Parlamentario negociando con algunos gobernadores, podría ser un buen comienzo para hacerlo.
