En Mendoza todavía no hay definiciones en cuanto al cobro de coseguros a los afiliados de prepagas que requieran prestaciones médicas a partir del próximo lunes, tal cual fue informado por las cámaras que agrupan a estas empresas a nivel nacional.
El anuncio de que las clínicas, laboratorios y centros de diagnóstico comenzarían a aplicar copagos encendió la alarma entre los usuarios que este año ya han sufrido incrementos en las cuotas a los que suman otros en un costo de vida que se dispara. De todas maneras, ayer a la tarde, el Gobierno, por medio de un comunicado, informó que no autoriza los copagos.
Las clínicas y hospitales locales consultados aseguraron que lo están evaluando, todavía no hay directivas al respecto pero el tema se está conversando en los ámbitos de decisión.
Desde el hospital Español explicaron que recién el lunes por la noche se tomará una decisión. El responsable de la comunicación institucional comentó que entre tanto el tema está en instancias ejecutivas, pero en teoría el lunes no aplicarían nada.
En la Clínica de Cuyo informaron que se está evaluando en la gerencia y todavía no hay una definición al respecto. En el Hospital Italiano explicaron que el encargado de facturación no tiene ninguna orden de cobrar coseguro porque eso ya está estipulado con cada obra social mientras que en la Clínica Santa Rosa, hasta las primeras horas de la tarde de ayer tampoco había información aunque había reuniones.
Quien podía dar una respuesta concreta era la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, sin embargo los diversos intentos por obtenerla por parte de este medio fueron infructuosos.
Presiones
Antes de ayer la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) difundió junto a otras entidades del sector que a partir del próximo lunes comenzaría a cobrar coseguro como una forma de paliar los aumentos en los costos. Se estableció como valores de referencia 50 pesos para las prácticas de baja complejidad y 100 pesos para las más complejas. En tanto, el titular de Swiss Medical y vicepresidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara), Claudio Belocopitt, dijo a medios nacionales que las prepagas reintegrarán lo que se haya abonado y que los usuarios no se verán afectados.
Esta decisión se toma en un contexto de disconformidad por parte de las prepagas ya que el aumento en las cuotas está supeditado a la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Es que han pegado el grito en el cielo porque el último aumento permitido de 7,5% está por debajo del 9% solicitado, mientras que aseguran que esto no les permite hacer frente al aumento de los salarios ni de los costos en general.
"Acá tenemos un problema serio y el Estado debe hacerse cargo. Necesitamos que el Estado nos diga qué es lo que nos van a dar. No podemos dar al prestador lo que no sé si nos van a dar", explicó Belocopitt a InfoBae.
Por eso, para Mario Vadillo, de Protectora, una entidades de defensa de los consumidores, los usuarios han sido tomados de rehenes por parte de clínicas y prepagas con la intención de presionar al Gobierno.
En este marco, la asociación presentó ayer una denuncia ante la SSS con la intención de evitar que se concrete esta medida, pedir un resarcimiento para quienes se vean afectados y una sanción para quienes la apliquen. Además dijo que no han recibido reclamos por coseguros que ya se estén cobrado pero sí muchos por parte de usuarios preocupados y molestos por la situación.
"Es una práctica ilegal y abusiva porque cuando se realiza el contrato el copago está fijado de antemano y sale en la cartilla, por fuera de esto no puede agregarse ningún otro costo porque no está informado al usuario", dijo.
Señaló que se trata también de una denuncia contra las empresas de medicina prepaga "porque no pueden permitir esto, no se puede pagar y después solicitar el reintegro; puede demorar hasta 60 días y se puede objetar y la gente no siempre tiene el dinero lo cual los deja en una situación de riesgo su salud".
El documento sostiene al respecto que "al permitir la existencia de esta práctica, aún cuando haga los reintegros, lo mismo es una alteración unilateral e intempestiva en las condiciones de contratación, que configura en caso de negativa a brindar la prestación del servicio en las condiciones originales, un incumplimiento en la obligación y/o prestación de servicio contratado y previamente abonado, una violación al previo y fehaciente deber de información". Se indica que constituye una prerrogativa implícita de la ley fundamental, que recibe amparo de los arts. 5° y 6° de la ley 24.240 y además por la Constitución Nacional en su artículo 42. Desde su punto de vista hace que los pacientes deban enfrentarse con las clínicas, "se está usando y extorsionando a los usuarios para conseguir un aumento por parte del gobierno".
Consideró que si alguien contrata este servicio es porque quiere tener asegurada la asistencia o porque no cuenta con todo el dinero junto, por lo tanto en última instancia la empresa debería dárselo antes de concretar la prestación.
Rechazo del Gobierno
El Gobierno no autoriza ni autorizará que las prepagas cobren copagos a sus afiliados para los exámenes de baja y alta complejidad.
Así de categórica fue la decisión que adoptó ayer la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo de contralor de las empresas prepagas.
A travás de un comunicado especial, difundido poco después de las 18, la Superintendente Liliana Korenfeld señaló que "no autorizó ni autorizará a las Empresas de Medicina Prepaga ningún incremento por fuera de los ya establecidos oportunamente". Y que "como organismo de regulación y control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud aplicará todas las facultades que la ley le otorga para asegurar el acceso a la salud de todos los beneficiarios".
El Gobierno interpretó que la decisión de cobrar copagos es un acuerdo gestado como "jugada política que pretende convertir a los beneficiarios del Sistema de Salud en rehenes de intereses económicos y así intentar forzar al Gobierno a tomar decisiones políticas que dañen o vulneren el derecho a la salud de nuestros compatriotas".
"No permitiremos que los usuarios sean rehenes", dice el comunicado de la Superintendencia.
