No realizan las acciones de remediación en los terrenos. No cuentan con los permisos ambientales y superficiarios que ordena la ley. No contemplan las medidas de seguridad en el traslado de los materiales.
Presentan nula actividad de explotación. Éstas son las principales faltas por las que la Dirección de Minería de la Provincia ha clausurado veinte canteras en lo que va del año y ha abierto acciones penales a cinco de ellas por haber persistido en la actividad, pese a la suspensión.
Según afirman desde el gobierno, la decisión de acentuar los controles sobre estos emprendimientos mineros de tercera categoría -que incluye además cambios en la ley-, responde a la necesidad de ordenar una actividad “que se venía llevando a cabo con total informalidad y un gran número de irregularidades”.
La medida entusiasma a algunos vecinos, que venían sufriendo los daños ambientales producidos por estos sitios de extracción, como la gente de Cápiz en San Carlos. Sin embargo, hay pobladores que descreen de este afán estatal de regularización.
Por un lado, porque hay empresas sobre las que pesan años de denuncias y siguen trabajando -dicen- sin recibir siquiera inspecciones. Y, después, porque está muy candente la polémica por los controles mineros en miras al diálogo multisectorial que pretende instalar la Provincia respecto de la minería metalífera.
Por su parte, los empresarios de los áridos en Mendoza reclaman al gobierno la misma celeridad en la tramitación de los estudios de impacto ambiental y el otorgamiento de los permisos. "Lo que en otras provincias se demora semanas, aquí puede tardar años y uno tiene todo listo para empezar a explotar. Primero, debería el Estado revisar sus prácticas", se quejó el dueño de un yacimiento de áridos en Tupungato.
Más control
Más allá de las distintas posiciones, la informalidad que ha reinado en esta actividad en Mendoza no constituye ninguna novedad. Por el contrario, lleva tiempo siendo blanco de reclamos y críticas. De allí, que el Ejecutivo se haya propuesto modificar -incluso- la ley provincial 8.434, que regula estas explotaciones. Ya envió un proyecto a la Legislatura, donde propone -entre otras cosas- agilizar la efectividad de las sanciones.
“Existe un nivel tan alto de irregularidad, que hay que empezar casi educando. Ésta es una actividad muy antigua y muchos ni siquiera saben los trámites y permisos que deben cumplimentar. Además, hubo una falta fuerte de control por mucho tiempo”, sostiene el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.
El funcionario destacó que serán exigentes con el rol de “policía minera”. “Llevamos más de 160 inspecciones en lo que va del año”, dijo y explicó que la mayoría de las clausuras son temporarias, para darle tiempo a los consesionarios de poner en orden su explotación.
“Actuamos mayormente por denuncias de vecinos y superficiarios. En los casos donde continuaron trabajando pese a la sanción; el tema salió de la esfera administrativa y pasó a la judicial”, expuso.
Este tipo de extracciones se califican como minería de tercera categoría. En general, se trata de canteras de áridos o plantas de extracción, selección y lavado de granulado o cenizas volcánicas, piedra pómez, turba, tobas, etc. En todos los casos, deben contar con el permiso del superficiario y algunos de las falencias detectadas por Minería es que extienden su radio o avanzan sobre terrenos sin tener este aval.
También, en muchos casos no cumplen con los tributos impositivos, que aunque no pagan por regalías, sí tienen ingresos brutos. Y las falencias que más perjudican a las comunidades son las ambientales. La ley dispone que todas las canteras cuenten con el estudio de impacto ambiental, donde se consignan las tareas que deberán hacer para reparar los daños que producen en el terreno.
Diferentes realidades
Casi la mitad de los sitios de extracción clausurados están en el Valle de Uco, una zona que presenta una gran dinámica en esta actividad. Allí, los vecinos aplauden la clausura de canteras que generaban un grave daño ambiental y no trabajaban en su remediación.
Un ejemplo claro es el de las firmas que trabajaban sobre el lecho del arroyo Divisadero Negro, uno de los causantes de los graves problemas aluvionales que padece la zona sancarlina de Cápiz. Una de esas canteras ya enfrenta una instancia judicial -según apuntó el funcionario provincial- y la otra fue clausurada esta semana.
“Se trata de un cierre temporal. Minería le ha pedido que trabaje en el tercio del arroyo y que refuerce las márgenes del cauce con el material de rechazo. Esto ayudará a disminuir el problema aluvional”, consignó Carlos Arriagada, titular de Ambiente de San Carlos, quien dijo que el propietario mostró voluntad de poner todo en regla.
La contracara es lo que ocurre en el secano sancarlino. Puesteros y pobladores del sur de Pareditas llevan años denunciando los “cráteres” que deja en el terreno un yacimiento de áridos de la zona, incluso que saltan a la vista en fotos satelitales. “Nunca realizan inspecciones allí, ni las han hecho en el último tiempo. Perdemos pastizales y hasta se accidentan los animales al caer en los pozos, pero no pasa nada”, dijo Omar, un puestero de la zona.
