Desde hace ya bastante tiempo, el reclamo de medidas por parte de las economías regionales que han perdido su competitividad exportadora se ha ido extendiendo prácticamente a todas las actividades agropecuarias. Hoy se puede hablar, sin exagerar, de un verdadero clamor agropecuario a lo largo y ancho del país. Producciones como las de soja, que hasta hace poco estaban fuera de los problemas, con la caída de los precios internacionales también se incorporan al reclamo. Un indicador claro de la situación es que se completará un quinquenio de estancamiento del volumen de producción de cereales y granos y un período similar de disminución de la producción de carne bovina.
La síntesis más elocuente la hizo hace unos días el CEO de la que ha sido la empresa modelo de la nueva agricultura en las últimas décadas: “Los Grobo Agropecuaria”, “la agricultura no es negocio en la Argentina”. En el sector ganadero los datos también son impactantes. Por las retenciones y la caída de las exportaciones, por restricciones y prohibiciones del Gobierno, han cerrado 150 plantas frigoríficas, con una pérdida de unos 17.000 puestos de trabajo. El stock de ganado vacuno está lejos de recuperar los niveles que tenía hacia 2006, cuando comenzaron a agudizarse las medidas intervencionistas. La pérdida de divisas, en un país que tiene racionamiento de ellas, ha sido cuantiosa. De las economías regionales más cercanas nos hemos ocupado ampliamente en diversas secciones de nuestro diario.
En todos los casos de reclamos hay un denominador común: los problemas que afectan a las economías agropecuarias y agroindustriales no están dentro de las empresas o sectores de actividad; están fuera de ellas. Básicamente son la consecuencia de las graves distorsiones introducidas en la macroeconomía por las políticas económicas aplicadas por el gobierno nacional a lo largo de más de una década. La pérdida de competitividad exportadora es consecuencia del constante incremento de los costos de producción medidos en dólares, resultados de una creciente inflación y un atraso deliberado del tipo de cambio. Ahora, en algunos casos, se ha sumado una brusca caída de los precios internacionales. En el aumento de los costos de producción debe computarse especialmente el brutal incremento de la presión tributaria nacional, provincial y municipal, que ubican la carga en el nivel más alto de la historia del país.
Otro aspecto de gran importancia para la economías del interior es el extraordinario incremento de los costos de fletes y logística para llegar a los puertos de embarque. Son conocidos los ejemplos que muestran que fletes internos de unos cientos de kilómetros son muy superiores a los de ultramar. Esta distorsión es notable; últimamente ha aparecido en los análisis de la economía agraria de la región pampeana el concepto de “kilómetro 201”, ya que se sostiene que a partir de una distancia que supere los 200 kilómetros a puerto, el cultivo deja de ser rentable.
La mayor parte de las economías agropecuarias reclaman asistencia económica del gobierno nacional, reducción de las retenciones a las exportaciones, devolución de impuestos retenidos y, claro está, bajar la inflación. Es de sobra conocida la situación de la vitivinicultura en la que, luego de agotadoras gestiones, los resultados, magros o inexistentes, de llegar, serán tardíos.
Es difícil pensar que el gobierno nacional vaya a cambiar de política en lo que resta de su mandato. El gasto público y la emisión monetaria seguirán creciendo; la inflación seguirá muy alta, la presión fiscal también. En este contexto pareciera que los reclamos del interior deberían concentrarse en el tipo de cambio. El sistema vigente es de tipo de cambios múltiples, en función de retenciones, derechos de importación, recargos varios. Obviamente, está el tipo de cambio oficial y dos o tres tipos de cambio bastante superiores a éste. Una solución a mano, que se ha aplicado muchas veces en el pasado, es el llamado desdoblamiento cambiario, un tipo de cambio relativamente bajo para ciertas exportaciones e importaciones y otro más alto para cuestiones financieras, turismo y exportaciones menos favorecidas. Esta medida parece ser la única de efectos rápidos.
