La obediencia debida se hizo presente ayer en la Legislatura y el vicegobernador, Carlos Ciurca, reconoció y reafirmó su subordinación al mandato superior, es decir, al gobernador Francisco Pérez, buscando así dar por finalizada la fuerte controversia que se produjo en torno al proyecto de ley de emergencia en Seguridad que logró la sanción en el Senado pero que, precisamente por la oposición de Pérez, no pudo avanzar en la Cámara de Diputados el miércoles.
"Por supuesto que me subordino al mandato del Gobernador. Los mendocinos me eligieron para acompañarlo y apoyarlo", dijo Ciurca, luego de que se leyera el documento firmado por él y por Pérez y a través del cual ambos buscaron sellar una paz necesaria ante la creciente tensión generado por las posiciones de ambos en torno al concepto de emergencia en Seguridad.
"No vamos a entrar en polémicas innecesarias", aseguraron ambos en el texto que firmaron, intentando así dejar de lado las disidencias sobre un tema que desde el principio los mostró en veredas opuestas. En realidad, el documento entregado en la tarde de ayer por el propio Ciurca y leído por el presidente provisional del Senado, Eduardo Bauzá, antes de la reunión de la comisión Bicameral de Seguridad, y ante la presencia de todos los integrantes de ese cuerpo, junto al titular de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, buscó unificar los criterios que tanto el Vicegobernador como Pérez han mostrado en este mes transcurrido desde que el primero anunció que enviaría el proyecto a la Legislatura, el pasado 4 de mayo, para enfrentar la creciente ola de delitos.
Ese texto fijó tres puntos fundamentales. El primero, confirmando que "se declara la emergencia", legislativa. El segundo, informando que la ley que logró la sanción en el Senado el martes pasado "fija objetivos al Ejecutivo" como la adquisición de equipamiento, de cámaras de seguridad, de móviles, nombramiento de policías, entre otros puntos, "sin asignar partidas presupuestarias, lo que exige una revisión legislativa", tal como se añadió.
"Hagan ustedes sus interpretaciones del texto", pidió Ciurca a los periodistas apostados en el Salón Azul de la Legislatura, permitiendo así inferir que en realidad lo que se hizo fue, por un lado, bajar los ánimos y, por el otro, dilatar una situación que cada vez se aleja más de ser una "emergencia". Como muestra de esa actitud está el tercer punto del documento firmado, donde se anuncia la recomendación a los diputados a trabajar por lo que les pagan. "Asumen el compromiso de tratar un paquete de leyes" que, como se había venido discutiendo, complementará la emergencia.
En consecuencia, ahora Pérez y Ciurca coinciden en que el proyecto de declaración de emergencia "tiene dos aspectos positivos": por un lado, ese lógico compromiso legislativo; por el otro, que "adhiere y promueve por ley una serie de acciones" que el Ejecutivo viene realizando, como la adquisición de 72 móviles y 15 camionetas, según se informa en el mismo texto; la compra de cámaras a través de una "licitación del BID para 560 cámaras por 8 millones de dólares"; el llamado a licitación para construir un nuevo penal y la construcción de una penitenciaría federal con 400 plazas, "a inaugurar a fines de 2014".
Por su lado, Tanús aceptó el compromiso de que los diputados cumplan con su deber de analizar y aprobar leyes, pero advirtió que "habrá que revisar aspectos técnicos", sin dar más detalles. De este modo, Pérez y Ciurca firmaron la paz, patearon la pelota hacia adelante y decidieron no dar más entidad a la discusión pública que ellos mismos entablaron, dejando en claro que, más allá de los reclamos sociales, la emergencia en Seguridad es sólo una declaración que puede ser demorada y que depende de una discusión legislativa que, como muchas veces sucede, también puede demorarse.
Comperatore presentó un plan "teórico"
La bicameral de Seguridad logró finalmente ayer que el ministro del área, Leonardo Comperatore, respondiera a su llamado y asistiera para presentar un plan de acción.
Durante más de una hora, mediante una presentación de power point, aunque sin dejar copia a los legisladores, el funcionario mostró su plan.
“Se trata de un programa con tres ejes” explicó, con un primer abordaje “de la prevención policial del delito”, otro de atención de los hechos delictivos “desde lo social” y un tercer eje “transversal” que implica “el trabajo conjunto” de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a través de organismos como la Mesa de Enlace y el Consejo de Seguridad Interior, punto presentado como una novedad frente a lo que se venía haciendo.
La presentación no convenció del todo a los legisladores opositores. “Fue algo muy teórico”, indicó el presidente de la comisión, el radical Héctor Quevedo, más allá de que Comperatore prometió “profundizar” las acciones políticas, como variar los requisitos para incorporar más policías y con capacidades específicas.
“Fue muy poco”, señaló el representante del Frente Renovador, Gustavo Valls. “Ordenó lo que ya venía diciendo”, indicó por su lado la ex titular de la bicameral, la también radical Milagros Suárez.
Lo que sí quiso dejar en claro Comperatore fue que lo que presentó en la Bicameral “es la continuación del plan que comenzó en 2008”, cuando su jefe político, Carlos Ciurca, se hizo cargo de esa conflictiva cartera.
