Acerca de la Ley Nacional de Salud Mental debe decirse lo siguiente. Es una ley de protección de derechos: regula el funcionamiento de los dispositivos de salud mental, controla las prácticas y define una ética basada en la protección y promoción de los derechos humanos. La ley piensa en los usuarios y garantiza el cumplimiento de derechos al transitar un momento de gran vulnerabilidad: el padecimiento mental.
Todos los ciudadanos y ciudadanas somos posibles usuarios de servicios de salud mental. Garantiza que si en cualquier momento los necesitamos, nuestros derechos serán respetados. Si alguien necesitara estos servicios, la ley garantiza que no se le judicializará, la internación será el último recurso y de necesitarla, será por el menor tiempo posible y prescrita por un equipo interdisciplinario. Si la situación vinculada al padecimiento mental requiriese dar intervención a la justicia, tal medida será revisada.
Es cierto que hay personas que requieren cuidados especiales. Esta ley propone que el Estado disponga los recursos para acompañar a usuarios y familias en estado de vulnerabilidad psicosocial. Propone ampliar los servicios de salud mental y crear instancias de externación que permitan a los usuarios ir alcanzando mayor autonomía.
De no lograrla, el Estado estará presente para que esa persona pueda vivir con el mayor grado de integración posible. Es decir, en vez de destinar la mayor parte del presupuesto de salud mental al mantenimiento de los hospitales monovalentes, la ley dirige los recursos del Estado a crear servicios de salud mental en los hospitales generales y otros dispositivos ambulatorios.
Se apunta a superar la división artificial y dualista entre salud y salud mental, ya que no hay salud sin salud mental. La ley señala que el tratamiento del padecimiento psíquico debe realizarse en forma interdisciplinar. Esto significa que el equipo interdisciplinario realiza el abordaje.
La ley propone el año 2020 como tope en la que debe iniciarse el cierre de las instituciones manicomiales. No es capricho, ya que fue sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, año en el que se diseñó un Plan Nacional de Salud Mental que contó con la participación de todos los actores vinculados. El tiempo que ha pasado evidencia que si no se ha avanzado más rápidamente (y hoy todavía estamos luchando) es por la necedad y resistencia ofrecida por corporaciones que ven afectados sus intereses económicos. En nuestro país hubo y hay experiencias de desmanicomialización, además de las incontables y exitosas experiencias internacionales. Por lo que nos consta que ningún trabajador perderá su trabajo, que hay en el Estado recursos humanos suficientes para realizar la adecuación que propone la ley y que la comunidad puede resolver en buenos términos, la convivencia con el padecimiento mental. No permitamos que el egoísmo de quienes pierden privilegios con esta ley, nos impida la posibilidad de vivir en una sociedad con más derechos para todos.
