Las manos enguantadas vacían cuidadosamente sobre la mesa el contenido de la bolsa de papel que en una cinta roja anticipa, aunque no aclara, su contenido: "Evidencia".
Parecen piedras volcánicas, pero esas manos enguantadas que extienden con delicadeza cada fragmento carbonizado saben que no, que son huesos humanos y que cada pedazo tiene un nombre y una historia, aunque todavía no sepan cuál.
Los fragmentos son parte de los restos de decenas de miles de personas que han desparecido en México durante más de una década de la violencia más descarnada del narcotráfico. Nadie se atreve a especular cuántas personas puede haber en esa mesa instalada en una bodega de la fiscalía.
Solo se sabe que proceden de uno de los tres ranchos localizados junto a los cerros que rodean Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, en la frontera con Texas.
El presidente Enrique Peña Nieto se alista para dejar el poder a finales de este año y con él concluirá otra administración que dejará sin resolver una de las grandes asignaturas pendientes de México: los desaparecidos.
Cada pedazo calcinado encontrado en Ciudad Cuauhtémoc es una muestra de lo que en la última década se convirtió en un patrón de muerte en diversos puntos de México: criminales que queman o disuelven en ácido a sus víctimas para borrar toda huella del delito a sabiendas de que las autoridades -bien por complicidad, bien por inacción- raras veces investigan.
En los sobres y cajas que los contienen aparecen nombres de dónde o cómo fueron hallados: "Rancho de Dolores", "Pedacería mancha diésel".
Y el trabajo de descifrar a quiénes pertenecían corresponde al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La desconfianza en las autoridades se ha enquistado entre las víctimas agotadas de exigir una justicia que no llega. Sumidas en la incertidumbre de ni siquiera saber cómo o dónde buscar a los suyos, acuden a organizaciones civiles locales en busca de apoyo legal y psicológico, pero los peritos argentinos del EAAF son de los pocos que les ofrecen algún tipo de respuesta concreta, aunque sea dolorosa y signifique constatar que están muertos.
México aprobó en enero una ley "muy importante" con "muy buenos elementos en búsqueda y tipificación del delito" de desaparición, en palabras de Ariel Dulitzky, director de la clínica de derechos humanos de la Universidad de Texas. Pero esta normativa todavía necesita financiación y voluntad política para ponerse en marcha y, a su juicio, solo funcionará si en paralelo hay un compromiso claro de luchar contra la corrupción.
Mientras tanto, las desapariciones continúan: 21.286 desde que el inicio del sexenio, el 1 de diciembre de 2012.
El dramático caso de los Muñoz
Uno de los casos más dramáticos es el de la familia Muñoz: ocho de sus miembros se desvanecieron del mapa hace siete años.
Los Muñoz ya casi no se reúnen en la casa de antiguos ferrocarrileros, sencilla pero con un patio y árboles a la entrada. Ahí, el 21 de junio de 2011 la fiesta por el Día del Padre devino un infierno.
Según la familia, esa tarde unos extraños llegaron a "molestar".
Llamaron a la policía local; agentes acudieron, pero no intervinieron, y entonces los ánimos se crisparon. Uno de los Muñoz agarró un radio de la patrulla y lo tiró por la ventana lo que provocó que los agentes se fueran del lugar, lanzando amenazas.
Unas horas más tarde, una decena de camionetas con hombres uniformados y encapuchados allanaron la vivienda sin dar explicaciones. Sometieron a las mujeres y se llevaron a los hombres. Buscaban el radio, les dijeron.
"Corríamos todos; unos para un lado, otros para otro", recuerda entre lágrimas Emma Veleta, la matriarca de la familia.
"De este lugarcito me lo arrebataron de mis manos", solloza junto a una lona con las fotografías de su marido Toribio, cuatro hijos, un sobrino, un nieto y uno de sus yernos. Veleta se quiebra al recordar cómo uno de sus hijos se aferraba a ella. "Me decía 'Ay madrecita no dejes que me lleven'".
A las mujeres las dejaron tiradas en el suelo, a los 8 hombres se los llevaron. "Ya no vi más de ellos, no más oía sus gritos", añade con la vista perdida.
Las autoridades han avanzado poco para saber qué pasó después.
Las desapariciones en México raramente se esclarecen porque, según han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso expertos de la ONU, la corrupción existente complica la investigación y hace que la impunidad se imponga.
La confianza de la gente
La cifra de desaparecidos en México comenzó a incrementarse desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó su guerra frontal contra el crimen organizado. Los carteles rivales de Sinaloa y de Juárez se disputaban la entrada a la sierra Tarahumara, donde se cultiva amapola y marihuana de alta calidad. Quien denunciaba, moría.
Las familias desconfían de las autoridades y prefieren poner sus esperanzas en los peritos argentinos, presente en las mayores crisis de desapariciones del país: las 'muertas' de Ciudad Juárez, las masacres de migrantes en Tamaulipas, los hallazgos de fosas clandestinas en distintos puntos del Golfo de México, o la sonada desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero.
Su mera presencia evidencia las carencias oficiales, pero el gobierno no niega su prestigio.
