Una de las tantas noticias sorprendentes de los últimos días, y desagradables para nuestra vida republicana, fue la confirmación del extravío de documentos oficiales sobre la ex Ciccone Calcográfica y su sociedad controlante, The Old Fund, que se encontraban en la Inspección General de Justicia (IGJ). Se trata de partes de expedientes que podrían comprometer al vicepresidente Amado Boudou, procesado por la causa conocida como Caso Ciccone.
El juez interviniente, Ariel Lijo, tiene un documento firmado este año en el que la IGJ admite que en marzo de 2012 se extravió un expediente con información sobre las sociedades que estuvieron detrás de la compra de la imprenta.
Las versiones periodísticas señalan que los papeles perdidos, que dan cuenta de un importante intercambio de dinero, resultan fundamentales para conocer quiénes son los verdaderos dueños que estaban detrás de la imprenta, hoy bajo control del Estado. Los datos también son importantes para las investigaciones que se realizan en la Argentina y en Uruguay.
Al admitir que tal situación se había producido, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, de quien depende la IGJ, salió a aclarar que dichos documentos fueron “reconstruidos”, para agregar alegremente que “en todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla...”.
En un intento por atenuar el impacto que generó tal novedad, Alak añadió que, “afortunadamente”, el hecho de que dicho expediente haya estado digitalizado favoreció lo que él llamó la reconstrucción del mismo, lo cual no invalida la condena a tremendo descuido.
Por otra parte, el ministro de Justicia y otros funcionarios nacionales no tardaron en expresar el malestar oficial por la noticia, atribuyendo la difusión de la misma a la supuesta intención conspirativa de los medios periodísticos independientes con la que el kirchnerismo siempre busca justificar la difusión pública de sus desatinos y hechos inconducentes, como, por ejemplo, hacer alusión a una supuesta “cortina de humo” que derive en el no funcionamiento pleno de la Ley de Medios.
Esto constituye otra clara embestida del kirchnerismo contra los medios que tienen una lógica visión crítica de las acciones incorrecta del Gobierno.
De ningún modo se puede tolerar que un funcionario de rango ministerial justifique la pérdida de cualquier tipo de documentación judicial y menos aún cuando la misma es clave para la investigación de un caso de corrupción que compromete seriamente a funcionarios de primerísima línea.
La solución mencionada, basada en la reconstrucción de un expediente mediante la digitalización de la información, no justifica el indudable encubrimiento que hubo de la anomalía, que tuvo que trascender periodísticamente para que la ciudadanía la conociera.
Aludir a que siempre se han perdido expedientes en la Justicia y en los demás poderes del Estado habla lisa y llanamente de un lamentable estado de negligencia y desfachatez que va en sintonía con el descrédito creciente de las instituciones de la República y sus dirigentes.
