El titular del Sindicato de Peones de Taxi de Chubut, Gustavo Hernández, quien fue detenido hace dos días acusado de grooming y el posterior abuso sexual de una chica de 13 años, intentó ampararse en sus fueros gremiales, pero el recurso fue rechazado por la Justicia, que dispuso que continúe en prisión.
Hernández, apodado "Gallo", está acusado de los delitos de "grooming en concurso con abuso sexual con acceso carnal", informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut.
Según precisó ese organismo de la Justicia provincial a través de su página web, Hernández habría contactado a la adolescente a través de mensajes de Whatsapp y luego supuestamente la pasó a buscar con su automóvil.
De acuerdo con la acusación, el hombre modificó el camino que le había dicho a la chica que harían, tras lo cual habría comenzado a manosearla, por lo que la víctima intentó escapar, pero supuestamente el hombre terminó violándola.
Hernández fue apresado el viernes último en Puerto Madryn por orden de la jueza Marcela Pérez.
El dirigente sindical fue citado a la audiencia de apertura de investigación y control de detención, que establece la legislación, durante la cual su abogado, Carlos Del Mármol, presentó un hábeas corpus planteando que su defendido no puede estar detenido, ya que cuenta con fueros gremiales que supuestamente así lo impiden.
El abogado invocó el llamado "Fallo Buzzi" emitido por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en referencia a una causa que involucraba al por entonces gobernador Martín Buzzi.
Los fueros
En ese fallo, las máximas autoridades judiciales advirtieron que "debe esperarse a que finalice su mandato" para adoptar medidas de detención contra quien goza de fueros especiales.
En su comunicado el Ministerio Público provincial precisó que Del Mármol argumentó que, según el artículo 248 de la Constitución de Chubut, Hernández "goza de la inmunidad de los fueros gremiales" por lo que consideró que su detención es ilegal.
"Los fueros no pueden ser un escudo para lograr la impunidad", advirtió Jorge Bugueño, ante el reclamo del fiscal, quien sostuvo que la Constitución no hacía "distinción" entre los distintos delitos.
Tras un cuarto intermedio, la jueza Pérez rechazó el recurso de la defensa y dictó la prisión preventiva del gremialista, por lo que el acusado seguirá preso.
El grooming fue incluido en el Código Penal argentino en 2013 entre los delitos contra la integridad sexual e incluye penas de seis meses a cuatro años de prisión.
Según esa norma, incurrirán en esa falta quienes utilicen la tecnología para contactar a menores de edad "con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual" de la víctima. En el caso del dirigente sindical de Puerto Madryn, un hombre cercano al titular de la CGT del Valle del Chubut, Luis Núñez, también está imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal.
