La expulsión ayer de 69 bolivianos y 8 peruanos que cumplían condenas en prisiones chilenas elevó a 1.187 la cifra de extranjeros echados del país en lo que va de año al estar de manera irregular o haber cometido algún delito, una cifra que casi dobla la registrada en 2017 en el mismo periodo.
La semana pasada, los datos del Ministerio del Interior arrojaron un incremento del 43 % en relación al número de expulsiones en los primeros 8 meses de 2017, porcentaje al que ahora hay que añadir las nuevas expulsiones realizadas ayer.
Desde que el presidente Sebastián Piñera asumió su segundo mandato al frente del Ejecutivo chileno el pasado mes de marzo, la cuestión migratoria se ha convertido en prioridad.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha hecho de esta política una de sus banderas para "poner orden en la casa", como se ha referido el presidente en varias ocasiones.
La última actuación tuvo lugar ayer, con un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), coordinado a nivel nacional, en el que 69 ciudadanos bolivianos y 8 peruanos que cumplían condenas en cárceles chilenas fueron montados en autobuses y deportados.
La mayoría de ellos condenados por narcotráfico, según explicaron hoy desde la Subsecretaría de Interior del país suramericano.
La idea es que cumplan esas condenas en sus países por los delitos cometidos en Chile, una especie de deportación de prisión a prisión por los ilícitos en los que estuvieron involucrados.
Dos autobuses salieron de Santiago con 26 de ellos, otro más salió de la ciudad norteña de Iquique, y el resto se incorporarán a la comitiva desde la localidades de Illapel y Antofagasta.
Todos con destino a las fronteras de sus respectivos países para ser puestos a disposición de las respectivas autoridades de Perú y Bolivia.
Una suerte similar ocurrió con 51 ciudadanos colombianos que fueron expulsados la semana pasada por haber cometido delitos y cumplido condenas tanto en territorio chileno como en su país de origen.
En este caso, los extranjeros expulsados abordaron un avión de la Fuerza Aérea de Chile en el aeropuerto de Santiago, acompañados de funcionarios de la PDI, para ser entregados a las autoridades de Colombia. Ninguno de los expulsados podrá regresar a Chile antes de 10 años, según las normas legales.
El gobierno de Piñera se ha tomado en serio la situación migratoria en el país y ya ha realizado cuatro operativos de este tipo desde que están al frente del Ejecutivo.
El propio ministro del Interior, Andrés Chadwick, destacó el pasado 11 de julio que Chile tiene el más legítimo derecho de poder expulsar de sus territorio a cualquier inmigrante con prontuario o antecedentes.
"Es un derecho irrenunciable para el Estado de Chile cuidar nuestras fronteras y evitar de que se incumplan nuestras leyes chilenas, (ello) es válido para todo ciudadano chileno y también para todo ciudadano extranjero", enfatizó Chadwick.
Pero además de las personas extranjeras que están prisión, los inmigrantes en situación irregular en el país también han sentido la presión en materia migratoria desde el mes de abril, cuando comenzó un proceso de tres meses para regularizar su situación en caso de que estuvieran en el país de forma ilegal.
La ONU pidió acoger a refugiados venezolanos
La ONU exhortó ayer a los países latinoamericanos a seguir acogiendo a los refugiados venezolanos, y denunció las nuevas exigencias en las fronteras implementadas por Ecuador y Perú.
En un comunicado conjunto, el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, y el director general de la Organización para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, pidieron un mayor apoyo de la comunidad internacional a medida que "aumenta el éxodo", y se declararon "preocupados ante varios acontecimientos recientes que afectan a los refugiados y migrantes que proceden de Venezuela".
Las dos agencias de la ONU se refirieron en particular a las nuevas exigencias en materia de pasaportes y de entrada en las fronteras de Ecuador y Perú, así como las modificaciones introducidas a los permisos temporales de residencia de los venezolanos en Perú.
Colombia, que ha recibido a más de un millón de venezolanos en los últimos 16 meses, y ha regularizado temporalmente a 820.000 de ellos, denunció la medida tomada por sus vecinos, alegando que ello favorece las migraciones clandestinas.
Por otra parte, más de 400.000 venezolanos ingresaron a Perú en los últimos dos años, en el marco de la política de puertas abiertas que inicialmente ofrecieron las autoridades ante la crisis social y económica que vive Venezuela.
Perú decidió luego exigir pasaporte a los venezolanos que huyen de su país, al detectarse ingresos con cédulas falsas.
