Un reciente informe, dado a conocer por un organismo especializado de Estados Unidos, el World Justice Project, permitió conocer que Chile se ubica como el país que mejor cumple con las leyes y el que más garantías procesales y fundamentales da a sus ciudadanos, entre los países latinoamericanos, mientras Venezuela es el que se ubica en el peor lugar de la lista.
La distinción hacia el vecino país es importante ya que supera a Uruguay, ubicado en el segundo lugar y a Brasil, en el tercero, a pesar de que este último es el que mejores resultados arroja dentro del denominado grupo Brics de países emergentes que conforman también Rusia, India, China y Sudáfrica.
En el caso de la Argentina, las luces de alarma se encienden en razón de que si bien cuenta con un buen balance en materia de protección de los derechos y un sistema judicial relativamente accesible, enfrenta muchos retos en varias dimensiones del Estado de Derecho, por la escasa transparencia gubernamental, la interferencia política en los juzgados y la creciente criminalidad.
Uno de esos ítems, el de la interferencia política en los juzgados, si bien ha sido un aspecto permanente en las dos últimas gestiones gubernamentales, se ha visto potenciada en los últimos meses por la presión que el Poder Ejecutivo ejerce sobre el Judicial, esencialmente en la discusión sobre la implementación de la Ley de Medios, como antes lo hiciera defendiendo al vicepresidente Amado Boudou.
No está de más recordar que Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y con un amplísimo consenso popular, es hija de un general fusilado por la dictadura de Pinochet; que el actual presidente de Uruguay y su esposa permanecieron detenidos durante años por haber integrado el grupo Tupamaros y que la actual presidenta del Brasil fue detenida y sufrió tormentos durante el gobierno de los militares de su país, castigada por su militancia política de izquierda.
Sin embargo, dichas personalidades, sin renegar de sus ideas, se han convertido hoy en convencidos defensores de la seguridad institucional y jurídica de sus países, mientras que en la Argentina no ocurre lo mismo.
Así, en el plano económico, a pesar de los diferentes gobiernos que se han sucedido en Chile -dos de la democracia cristiana, dos del socialismo y el actual de derecha- no se han modificado las reglas de juego ni las leyes de la economía.
Nadie duda de las cifras que se dan a conocer respecto de la inflación, que es la base fundamental para la fijación de los valores de las unidades de fomento; ninguno de los gobiernos ha intentado avanzar sobre los medios de difusión no afines, ni tampoco han utilizado -ni antes ni ahora- a la televisión pública como medio propagandístico del Poder Ejecutivo, mientras sostienen una política de buena relación con los grupos económicos regionales, pero manteniendo la individualidad en las decisiones, en beneficio de la producción nacional.
Si bien es cierto que la Argentina aún supera a los países vecinos en muchos planos según el organismo evaluador, no es menos real que debería mejorar los criterios y las acciones de gobierno para lograr insertarse en el grupo de liderazgo que integran Chile, Uruguay y Brasil.
Hay, en ese aspecto, una razón fundamental: en un mundo globalizado, donde se tienen en cuenta las formas institucionales para realizar una inversión, la seguridad jurídica y el mantenimiento de las reglas de juego resultan prioritarios. Algo en lo que la Argentina está en deuda, siendo de esperar que el llamado de atención surta efecto entre quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país.
