El conflicto mapuche en Chile se torna cada vez más violento y enturbia al Gobierno

El conflicto mapuche, la controversia entre el Estado chileno y el principal grupo indígena del país, se ha intensificado en los últimos meses y amenaza con desencadenar una nueva crisis política en la etapa final del gobierno de Michelle Bachelet.

Se trata de un problema recurrente. A finales de marzo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, le planteó a la presidenta Bachelet su preocupación por la situación en la región de la Araucanía, donde vive la mayor parte de la etnia originaria mapuche.

"Un reconocimiento adecuado y un diálogo significativo son esenciales", subrayó Al Hussein, alarmado por los informes que llegaron a su oficina que hablaban de "un uso excesivo de la fuerza y abusos contra miembros de grupos indígenas".

Dos meses después, Bachelet aprovechó su último informe ante el Congreso para anunciar la elaboración de un plan integral para la Araucanía cuyo objetivo era poner fin a la tensión que vive esa región del sur del país, donde se concentra la mayoría de la población mapuche.

"Es hora de terminar con un conflicto que ha durado casi 500 años", proclamó la jefa de Estado al anunciar esta iniciativa, que incluía "la participación, el reconocimiento y nuevas formas de reparación para los pueblos indígenas".

"Pobreza, rezago territorial, discriminación, violencia, baja productividad, poca diversificación, un Estado poco eficiente y el no reconocimiento son parte de un mismo fenómeno y se refuerzan", reconoció en esa ocasión la mandataria.

Pero el anuncio presidencial no bastó para frenar los episodios de violencia protagonizados por los sectores más radicalizados, organizados en torno a agrupaciones como Resistencia Mapuche y Weichan Auka Mapu.

A finales de septiembre, la policía llevó a cabo la denominada "Operación Huracán", que se saldó con la detención de ocho comuneros mapuches, entre ellos, Héctor Llaitul, líder de la histórica Coordinadora Arauco Malleco, una organización radical que exige el reconocimiento de derechos políticos y culturales y la devolución de sus tierras a los pueblos originarios.

A raíz de aquel operativo policial, la fiscalía reveló la existencia de un presunto comercio ilegal de armas procedentes de Argentina.

Pero 10 días después, la Corte Suprema de Chile ordenó la liberación de Llaitul y otros siete comuneros, quienes se encontraban encarcelados preventivamente tras ser acusados por una serie de atentados en el sur del país.

El máximo tribunal chileno acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de los mapuches y determinó que su prisión preventiva no fue justificada debidamente durante el juicio realizado en la ciudad de Temuco en el que fueron acusados por "asociación ilícita en carácter terrorista".

Los activistas indígenas fueron arrestados por una serie de atentados incendiarios contra más de medio centenar de camiones, decenas de templos religiosos y predios privados durante este año en las regiones de la Araucanía, Biobío y Los Ríos, en el sur chileno.

La CAM y otros grupos radicales, señalados como responsables de llevar a cabo estos ataques, apoyan la causa del pueblo mapuche que exige la restitución de tierras que les fueron despojadas a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que están en manos, en su mayoría, de empresas forestales.

Los mapuches, 'gente de la tierra' en su lengua nativa, fueron los primeros habitantes de Chile y parte de Argentina y en la actualidad viven con niveles de pobreza mayores a los del resto de la población local.

Paralelamente, cuatro comuneros indígenas acusados de incendiar un templo evangélico en el sur de Chile que llevaban más de cien días en huelga de hambre fueron trasladados al hospital, después de que se agravara su estado de salud.

Y mientras el subsecretario del Interior, Mahmoud Alehuy, viajaba a Argentina para entrevistarse con autoridades de ese país y recabar datos sobre eventuales vínculos entre grupos mapuches radicales, el Gobierno solicitaba modificar la prisión preventiva de los comuneros que mantenían el largo ayuno.

La solicitud -que finalmente acabaría siendo desestimada por el tribunal- tenía como objetivo "resguardar de mejor forma la integridad física de los acusados", que para entonces acumulaban 113 días sin ingerir alimentos.

Pero según fuentes cercanas al Gobierno citadas por la prensa local, Aleuy, una de las piezas clave del gabinete de Bachelet, se sintió desautorizado y estuvo a punto de renunciar, lo que habría desencadenado una nueva crisis de gobierno apenas un meses después de que el equipo económico de Bachelet dimitiera en bloque.

Finalmente, el viceministro del Interior optó por tomarse un permiso y retirarse unas semanas de la vida pública, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones acerca de su futuro en el Ejecutivo.

Y aunque por el momento, el sosiego ha vuelto a La Moneda, las críticas desde las filas de la oposición por la política del Gobierno no han cesado.

En momentos en que la campaña para las elecciones del próximo 19 de noviembre cobra fuerza, los candidatos presidenciales han tomado posiciones respecto a la aplicación de la controvertida ley antiterrorista.

Los más críticos han sido el ultraderechista José Antonio Kast y el exmandatario conservador Sebastián Piñera (2010-2014), quien ha criticado con dureza la decisión del Gobierno de recalificar las querellas contra los cuatro comuneros mapuches en huelga de hambre.

Piñera, favorito en las encuestas, no mencionó sin embargo que durante su mandato le tocó afrontar una situación similar con 38 comuneros a los que se había aplicado la ley antiterrorista y que protagonizaron una huelga de hambre de más de 80 días.

Tras una serie de conversaciones, el Ejecutivo de Piñera acabó dando marcha atrás y los activistas depusieron la medida de presión.

Más allá de la campaña electoral, el conflicto mapuche ha vuelto a estar en el foco de los organismos internacionales.

Al concluir una misión de observación "de urgencia" a raíz del aumento de la aplicación de la ley antiterrorista contra 23 comuneros imputados por asociación ilícita y ataques incendiarios, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió al Gobierno chileno que desista de aplicar la ley antiterrorista.

Y paralelamente, un grupo de expertos de la ONU alarmados por decisiones judiciales que han alargado la prisión preventiva de comuneros mapuches hasta por 16 meses, pidió a los tribunales chilenos que no juzguen a los indígenas bajo la ley antiterrorista, que revisen los cargos que se les imputan y que les garanticen un juicio justo.