La Fiscalía de Chile no cesa en sus intentos por recabar información para esclarecer los presuntos casos sobre abusos sexuales y encubrimiento en el seno de la Iglesia católica en el país, como así lo demuestran el allanamiento hecho ayer en la sede de la Conferencia Episcopal y en los Hermanos Maristas de Santiago.
Desde que a mediados de junio el Ministerio Público comenzara con estas acciones para conseguir información con la que espera dilucidar las decenas de casos abiertos contra miembros del clero, han sido seis sedes eclesiásticas las que han recibido la visita de las autoridades fiscales y de la policía.
Tres de ellas en la capital chilena, dos este mes de agosto y otra más el pasado junio, el mismo mes en que también se registró el Obispado de la ciudad de Rancagua (a 90 kilómetros al sur de Santiago); y otras dos en julio en la sureña región de La Araucanía, en las ciudades de Temuco y Villarrica.
El último de estos allanamientos ocurrió ayer en la sede de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) en pleno centro de Santiago.
El procedimiento, que corrió a cargo del fiscal Raúl Guzmán, buscó obtener documentación y pruebas sobre los presuntos casos de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Congregación Marista.
Poco más de 10 días ha necesitado Guzmán para poner en marcha los primeros procedimientos sobre la investigación de los Maristas desde que fuera designado para ese caso específico el pasado 2 de agosto por el fiscal nacional, Jorge Abbott.
Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) entraron a las dependencias de la CECh y por un período de unas dos horas registraron el inmueble y recabaron la documentación necesaria.
La PDI y los fiscales hurgaron después la sede de la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile, en el barrio capitalino de Providencia.
Antes de este allanamiento, la semana pasada fueron registradas las dependencias del Obispado Castrense, también en Santiago, las que recibieron la visita de las autoridades, en este caso encabezadas por el fiscal Emiliano Arias, designado también por Abbott.
En ese sentido, Arias es el encargado de conducir las indagaciones en contra del excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, acusado de abusos y estupro contra media docena de menores, y quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.
También se encarga de una diligencia contra un grupo de sacerdotes de la región de O'Higgins que integraban una cofradía de abusadores denominada "La Familia", caso en el que 14 curas fueron suspendidos y en el que está imputado el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, como presunto encubridor.
Arias fue el primero en entrar con una orden judicial en dependencias clericales, en el mes de junio y en coincidencia con la visita a Chile del enviado especial del Papa, Charles Scicluna, para dilucidar la crisis existente en la Iglesia del país trasandino por los escándalos que habían aflorado sobre casos de abusos sexuales.
En aquella ocasión se realizó un procedimiento simultáneo en la sede del Tribunal Eclesiástico en la capital, y en el obispado de la ciudad de Rancagua.
En estos casi dos meses de operaciones de la Fiscalía, otros dos allanamientos se realizaron, en julio, en los Obispados de Temuco y Villarrica, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, ambos encabezados por el fiscal Ítalo Ortega.
Estos esfuerzos del Ministerio Público se enfocan en recabar información sobre 38 casos abiertos actualmente y que involucran a 73 personas investigadas -sacerdotes diocesanos, de diversas órdenes y laicos-, y a 104 víctimas, la mayoría de ellas menores de edad en el momento de cometerse los hechos.
La Iglesia por su parte, hizo pública hace dos semanas una lista en el sitio web de la CECh con los nombres de 42 sacerdotes y un diácono condenados, por la Justicia civil o la canónica, por abusos sexuales a menores.
Mientras las investigaciones avanzan, los persecutores no renuncian a ninguna fuente de información y este martes también anunciaron la confirmación de una petición al Vaticano para obtener los expedientes canónicos que involucran a clérigos chilenos.
Entre esos documentos se encuentra el informe de 2.300 páginas que elaboró el arzobispo Charles Scicluna tras su primera visita al país.
La solicitud de la Fiscalía aúna tres requerimientos de asistencia internacional en materia penal respecto de nueve personas investigadas por las Fiscalías Regionales de Valparaíso,Sur de Santiago y de La Araucanía.
Condena a 24 ex agentes de Pinochet por desaparecido
La Corte Suprema de Chile condenó a penas de prisión a 24 agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por el secuestro calificado (desaparición) de Jorge Grez Aburto, un opositor al régimen detenido por la policía secreta el 23 de mayo de 1974, informaron fuentes judiciales.
En un fallo unánime, la II Sala del máximo tribunal chileno sentenció a 13 años de prisión al general César Manríquez Bravo, los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, y al ex mayor Gerardo Urrich González, como autores del delito.
Todos los nombrados están en prisión tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos que, en el caso de Krassnoff, suman con la sentencia de ayer 655 años tras las rejas.
Otros 17 antiguos agentes, entre los que figura el general Raúl Iturriaga Neumann, también con múltiples condenas, fueron sentenciados a 10 años de prisión, también como autores del delito.
