Once países -entre ellos Japón, Singapur, México, Perú y Chile- firmaron en Santiago un nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), considerado el mayor pacto de libre comercio actualmente en curso, con la ausencia de Estados Unidos.
Aunque inicialmente la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos parecía la muerte del tratado, un año después los once países restantes suscribieron el ahora llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), dando una fuerte señal en favor del libre comercio.
"El comercio internacional está muy vivo, a diferencia de lo que algunos creen", dijo el canciller chileno Heraldo Muñoz, en referencia a los anuncios de Trump sobre imponer aranceles al acero y el aluminio que amenazan con desatar una guerra comercial.
En la antesala de la firma del CPTPP, Chile, Canadá y Nueva Zelanda firmaron acuerdos para asegurar los beneficios de la liberalización del comercio a sus ciudadanos y reforzar los mecanismos de solución de controversia de inversionistas con el Estado.
"Estamos muy orgullosos (...) de demostrar al mundo que el comercio progresivo es el camino a seguir", dijo el ministro de Comercio de Canadá, François-Philippe Champagne.
El CPTPP incluye a Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam, países que concentran un mercado de 498 millones de personas y un ingreso per cápita de 28.090 dólares.
El nuevo acuerdo excluye 20 disposiciones del pacto original, en su mayoría relacionadas con la propiedad intelectual que impuso Estados Unidos y que habían generado un fuerte rechazo en la sociedad civil. Cuando entre en vigor el acuerdo, liberará entre 65% y 100% del universo arancelario de los países miembros.
Concebido por Barack Obama como contrapeso a la creciente influencia de China, su salida dejó a Estados Unidos en una difícil posición en la región Asia Pacífico.
"Suicidio" de Donald Trump
Su firma tendrá "una consecuencia grande para los Estados Unidos. Es una suerte de suicidio de este país", comentó Fernando Estenssoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile.
La ausencia de Estados Unidos económicamente deja la vía libre a China, el otro gigante del comercio mundial que no participa en este pacto, pero que negocia su propio acuerdo comercial en la región Asia Pacífico con un buen número de países asiáticos, además de Nueva Zelanda.
Chile, que destina el 17% del total de sus exportaciones a las economías del CPTPP, mejorará especialmente su acceso a Japón, Canadá, Malasia y Vietnam. México y Perú incrementarán por su parte el acceso a países como Vietnam y Malasia.
"El que México tenga más opciones para diversificar su comercio sin duda es bueno. Se abren otras puertas a su ya de por sí amplia red de tratados (comerciales)", dijo Hugo Perezcano, investigador del Centro para la Innovación en Gobernabilidad Internacional en Canadá.
A nivel general, el CPTPP contempla un mayor acceso a mercados, ventajas en áreas como servicios e inversiones, ambientales y laborales, comercio electrónico y compras públicas. Incorpora, además, nuevas temáticas en materia de pymes, género, anticorrupción, competitividad, empresas del Estado, desarrollo y coherencia regulatoria.
Detractores
El nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) aumentará las desigualdades y discriminará a las mujeres, dijeron sindicatos y movimientos sociales del Pacífico, señalando que por ende es un "insulto" que se firme el Día Internacional de la Mujer.
Esta jornada "se basa en la lucha colectiva de las mujeres para contrarrestar el poder de los intereses corporativos y lograr salarios justos, condiciones laborales seguras y derechos sindicales", afirmó Kate Lappin, secretaria de Asia-Pacífico de la Internacional de Servicios Públicos en un comunicado.
Este movimiento considera que la firma del tratado ayer por parte once países, da una señal contraria. El acuerdo, según Lappin, está diseñado "para aumentar el poder corporativo y disminuir la capacidad del Estado de regular y recaudar los ingresos necesarios para apoyar los servicios públicos esenciales.
