Con muy amplio margen de votos sobre su contrincante en la segunda vuelta, Michelle Bachelet acaba de ser electa nuevamente presidenta de Chile.
Si bien el voto en el vecino país ya no es obligatorio y en este caso el porcentaje de ciudadanos que concurrió a las urnas fue bastante bajo, no se duda de la legitimidad del triunfo de la candidata de izquierda puesto que, de haberse mantenido el voto obligatorio, las diferencias posiblemente hubieran sido similares o incluso más holgadas.
Otra particularidad de la reciente elección es que Bachelet se convirtió en el primer político reelecto en Chile desde la reinstalación del sistema democrático. Cuando asuma, en marzo, suplirá en el cargo a quien la sucedió hace cuatro años, el derechista Sebastián Piñera.
Bachelet, quien dejó su cargo en aquella oportunidad con una notable popularidad, llega nuevamente a la primera magistratura amparada por el voto popular, lo que sirve de ejemplo de cómo es posible intentar una nueva incursión presidencial cuando la confianza de la ciudadanía se mantiene intacta, como ha quedado demostrado en el país trasandino.
En cambio, cuatro años atrás, quien perdió con Piñera fue Eduardo Frei, precisamente uno de los primeros gobernantes de Chile después de la era de Pinochet que, a diferencia de la actual presidente reelecta, no tuvo éxito en su intento de volver al poder que ya había ejercido en su momento. En este caso, el pueblo chileno consideró inconveniente otro período del político de la democracia cristiana.
Chile ha demostrado, con su reciente proceso electoral, que es posible acceder a una reelección sin que sea necesaria una continuidad “eterna” en el ejercicio del poder, como muchos referentes del oficialismo han venido expresando lamentablemente en los últimos años en la Argentina.
En nuestro caso, fue necesaria la expresión del pueblo en los comicios de octubre para que los más fervorosos adeptos de la continuidad desenfrenada en el ejercicio del poder tuvieran su definitiva resignación.
A través de sus pautas constitucionales, cada país fija los términos para el ejercicio del poder político y los mecanismos y límites al mismo.
En Chile se ha dispuesto que la presidencia sea ejercida durante cuatro años y sin reelección consecutiva mientras que, en la Argentina, que tomó el modelo de Estados Unidos, se permite una sola reelección inmediata para que se puedan completar dos períodos seguidos de cuatro años, considerados por el constituyente necesarios para que un gobierno pueda desarrollar sus plataformas prometidas en la campaña.
Lamentablemente, democracias que cada vez se separan más de los preceptos republicanos, como la de Venezuela, tienden a no poner límites a las reelecciones, dando paso a la instalación de regímenes de muy dificultoso control por medio de mecanismos constitucionales normales.
Ojalá sirva el modelo electoral chileno para demostrar a muchos políticos argentinos, tentados por las prácticas simplistas y populistas, que la alternancia en el ejercicio de la función pública de ningún modo supone una resignación de posibilidades partidarias y personales o la caducidad de modelos políticos, que siempre tienen revancha.
