Pocas veces las clases comenzaron en Mendoza en un contexto tan complejo. Es que si bien cada año, cuando concluyen las vacaciones de verano, las protestas de los trabajadores estatales recrudecen con miras a acordar mejoras salariales, en esta oportunidad la situación da cuenta de una seria crisis en materia educativa.
El viernes el gobernador Francisco Pérez aseguró que se buscará acercar mañana una oferta que colabore a propiciar el diálogo en la reunión que mantendrán los miembros paritarios oficiales con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). Sin embargo, el escenario será aún más complejo que los días anteriores en el caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes.
Mañana, luego de cuatro reuniones paritarias frustradas, una nueva esperanza se plantea. Será pues la tercera semana de protestas, movilizaciones, asambleas, plenarios y huelgas que mantendrán los maestros y profesores dependientes del Estado, que solicitan con urgencia una mejora en su salario para costear los gastos mínimos que sus familias necesitan para subsistir, según manifiestan.
Piden, en concreto, que su sueldo básico de bolsillo no sea inferior a los 5 mil pesos y que sus ingresos se incrementen 30% para todos por igual, en blanco.
Si la respuesta es positiva y el conflicto se destraba, entonces los chicos retornarán a la escuela de una manera menos interrumpida respecto de lo sucedido las dos semanas anteriores. De no ser así, los niños y adolescentes volverán a quedarse en el medio, a la espera de una solución y con un panorama todavía más incierto. Aunque el gremio pautó un paro por 72 horas desde el martes, aún no es posible saber qué sucederá luego.
Clases parciales
Más allá de cualquier especulación, lo cierto es que tomando en cuenta el cronograma oficial que había sido estipulado a fines del año pasado, las clases deberían haber comenzado en Mendoza (y en todo el país) el miércoles 26 de febrero. En octubre de 2013, el propio ministro de Educación, Alberto Sileoni, anunció la fecha del retorno a la escuela, con la idea de lograr que el ciclo lectivo cumpliera con los 190 días de clase. El objetivo era que, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional (N° 26.206), los chicos permanezcan en la escuela la mayor cantidad de tiempo posible, de manera de intensificar su formación.
Lejos de que esto fuera posible, al igual que sucedió en otras provincias, Mendoza debió posponer el inicio de las clases. Así, ya se perdieron en total ocho días hábiles, sin contar las jornadas del viernes 7, el jueves 13 y viernes 14 de marzo, cuando se realizaron plenarios y las clases se dictaron en las aulas de manera parcial.
Sobre esta situación, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) prefieren evitar promesas y no adelantaron posibles maneras de recuperar los días perdidos.
El retorno a las aulas fue más efectivo en los colegios privados donde, si bien el descontento de los docentes también es generalizado, las actividades arrancaron la semana pasada. Esto es debido a que el sindicato que los nuclea (Sadop) tiene injerencia nacional (a diferencia del SUTE) y por lo tanto los profesores no adhirieron a las medidas de fuerza.
Los padres, que se mostraron a favor del reclamo que mantienen los educadores de las escuelas estatales, comenzaron a mostrar su preocupación conforme los días fueron pasando y de hecho manifestaron que tanta incertidumbre impacta en la organización de la familia y trastroca el ritmo que ellos tenían organizado.
Aunque la gran mayoría se apuró para llenar con los útiles necesarios las mochilas de sus hijos -pese a la escalada de precios- el retorno al colegio resultó retrasado.
Con ello, la calidad educativa y la formación pedagógica ha quedado por detrás del conflicto salarial que, advierten los especialistas en educación, debería haberse resuelto antes del inicio del ciclo lectivo y no extenderse hasta mediados de marzo, como ocurrió finalmente.
Derecho vulnerado
Quienes defienden los derechos de los niños y adolescentes aseguran incluso que el derecho a la educación está siendo vulnerado.
Nora Schulman, quien preside el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (Casacidn), sostiene ese punto de vista. “Tanto el gobierno -nacional y provincial- como los gremios están en una postura irreconciliable. El Estado, al no llegar a un entendimiento con los docentes, no está cumpliendo con un derecho básico para la infancia”, destaca Schulman y recalca que si bien el reclamo de los docentes es válido, es urgente activar mecanismos que colaboren a reactivar las escuelas.
En el mismo sentido, aclara que, tal como lo establecen las leyes y convenciones vigentes, cuando en una sociedad colisionan dos intereses contrapuestos que deben ser resueltos y que involucran a niños y adolescentes, siempre debe primar el bienestar de los más pequeños. “Se toma una postura como de castigo, que repercute en el chico y la familia, cuando en realidad las cuestiones de los adultos deben resolverse sin afectar a los más chicos”, sentencia Schulman.
Desde el punto de vista de Mónica Matilla, doctora en psicopedagogía, es justamente el Estado quien debe ser el garante de ese derecho. Para la especialista, el impacto que el conflicto genera es muy fuerte y acarrea consecuencias graves debido a los retrasos en el proceso de aprendizaje de los chicos.
Por otro lado, agrega Matilla, esta situación lleva a que la figura del docente quede desvalorizada desde el punto de vista social y eso termina impactando en los niños. “Si el Estado verdaderamente confiara en que los docentes están formando a los ciudadanos del mañana, entonces apostaría más a mejorar la situación de los mismos”, sentenció la experta en educación.
