Un fallo de la Suprema Corte de Justicia dio lugar al pedido del dueño del terreno, por lo que los habitantes del asentamiento Valle Encantado de Chacras de Coria deben desalojar el lugar, lo que les genera incertidumbre porque ahora necesitan una solución habitacional urgente.
Si bien la decisión judicial establece que tanto la Municipalidad de Luján como el Ejecutivo provincial deben establecer un cronograma adecuado para que se cumpla la sentencia sin vulnerar derechos, todavía se analiza qué se hará al respecto.
Por otro lado, diputados opositores pugnan para que se trate en la Legislatura un proyecto de ley para expropiar el terreno, ubicado entre la ruta Panamericana y calle Beltrán, cercano a las antiguas vías del tren.
Los afectados suman unas 270 familias, según el último censo municipal de 2015, aunque se estima que pueden ser más. Si bien cuentan con una unión vecinal para organizarse, están divididos entre los que aceptan la decisión de partir a otro sitio si les garantizan una vivienda y los que reclaman quedarse porque en la zona tienen sus trabajos.
En el lugar se observan calles trazadas en forma desordenada y muchas casas de material; también hay una cancha de fútbol y un comedor comunitario.
Rita Otarola tiene 3 hijos y vive allí desde hace 10 años. "Nosotros no tenemos problemas con entregarle el terreno al dueño, porque sabíamos que este lugar no era nuestro, pero queremos que nos reubiquen porque acá viven muchos niños", expuso la mujer, quien se ofreció de guía por las inmediaciones.
“Este es un barrio muy tranquilo y de gente trabajadora, pero por dos o tres que hacen mal las cosas nos acusan de ladrones”, se lamentó en referencia a las quejas de los vecinos de dos barrios privados que colindan con los terrenos.
Otro grupo de mujeres coincidió con esta postura. "No tenemos drama en irnos, siempre y cuando nos den otro lugar para vivir", dijo Lady Risco y aclaró que no quieren quedarse sin nada. "La orden de que nos vayamos ya está, así que lo mejor es que arreglemos algo", sumó.
En la otra vereda, Graciela Salinas aseguró que hará todo lo posible para permanecer en el lugar. Ella vive allí desde hace 5 años y tiene 7 hijos.
“Desde que llegamos que estamos luchando para regularizar nuestra situación y queremos quedarnos porque acá tenemos nuestros trabajos, las escuelas de nuestros hijos y nuestra vida”, remarcó.
Para ella, la “pelea” tiene que darse en la Legislatura para que el dueño le venda el terreno al Estado. “Allá presentamos todos nuestros papeles y nos han prometido que el miércoles (1 de marzo) se vota para ver si nos dan la solución”, contó.
Julián Ahumada, junto a otro grupo de vecinos, apoya esta postura. “Yo vivo acá desde hace 15 años y trabajo en un boliche de la zona. Si nos trasladan me van a complicar mucho la vida”, señaló.
Él tiene a su mujer discapacitada luego de sufrir un ACV, por lo que asegura todo se le hace más difícil. “Lo mejor para los dos sería si nos pudiéramos quedar”, señaló.
Con más de 28 años en el lugar, Rubén Rojas también se niega a irse. "Nosotros tenemos todo acá, de hecho los primeros vecinos tenemos agua y gas natural", manifestó. Él llegó allí junto a su familia y pudo construir su casa. "Mi tío vivía acá desde antes y tenía permiso, por lo que nos vinimos donde estaba él", recordó.
Alternativas de solución
Desde la comuna están al tanto de la situación de los vecinos tras la decisión judicial, aseguró el secretario de Gobierno de Luján, Sebastián Bragagnolo. Explicó que en paralelo están en contacto con representantes del Ejecutivo y del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para buscar una salida en conjunto.
“Ellos han mostrado muy buena predisposición para tratar el tema y estamos analizando la solución, pero todavía no hay ninguna respuesta definitiva, ni única”, reconoció el funcionario comunal.
Por lo pronto, desde el Ministerio de Gobierno se reunirán con jueces de la Corte para avanzar en una audiencia pública. En segundo lugar, se realizará un encuentro con representantes de los vecinos. "Queremos explicarles lo que significa esta resolución judicial, no vamos a pautar soluciones todavía", aclaró Damián Salamone, presidente del IPV.
Además, se aprovechará la ocasión para hacer un relevamiento y actualizar los números que tiene el municipio: “Queremos conocer la realidad socio económica de la población”. Según Salamone, en el año 2000, cuando se inicia el conflicto judicial, eran solo 30 los habitantes del asentamiento; en el 2010 había 85 familias, que en 2015 alcanzaron a 270.
Proyecto de expropiación
Al diputado Lucas Ilardo, quien había presentado en 2015 un proyecto de ley de expropiación de ese terreno, le sorprendió la decisión de la Corte. "El fallo tiene un grado de insensibilidad o desconocimiento que es llamativo", aseguró.
Según calcula, hacer casas en otros sitios para todas las familias que allí habitan tendrá un costo de entre 250 y 300 millones de pesos sin contar el terreno. “Pero para el Estado, expropiar tierras tienen un valor muy bajo”, diferenció.
Por esta razón, para el legislador del FPV respetar el fallo es prácticamente inviable en términos sociales. “Con la solución judicial agotada, creo que la única solución política sería avanzar con la ley de expropiación y así evitar un hecho catastrófico”, subrayó. Con respecto al proyecto, espera que sea tratado en Diputados el próximo miércoles 1 de marzo.
