Por propia necesidad política o por convicción ideológica, por una coyuntura nacional e internacional sin antecedentes históricos, o por todas esas razones juntas.
Sea como sea, lo cierto es que en su primer mes de gestión, la nueva conducción colegiada de la CGT unificada empezó a recorrer un camino inédito: su relacionamiento con los llamados movimientos sociales, con las perspectivas que ello implica para el conjunto del sector laboral.
Nadie hubiera creído poco tiempo atrás que los máximos dirigentes de la histórica central sindical peronista recibieran a sus pares de las principales organizaciones sociales de trabajadores informales, como ocurrió diez días atrás.
Ni que el salón Felipe Vallese de la histórica sede de Azopardo 802 se abriera para una suerte de congreso nacional de más de sesenta de aquellas organizaciones, con la presencia de dos de los tres secretarios generales de la CGT y de autoridades de la conferencia episcopal, tal lo que ocurrió ayer, en el mismo espacio donde el día anterior el Confederal (el “Parlamento” cegetista) facultó a su conducción a convocar a la primera huelga nacional contra la administración de Mauricio Macri cuando así lo estime conveniente.
Tampoco se habría dado crédito a que ese Confederal se pronunciara en forma unánime por “la necesidad de defender de forma irrestricta a los trabajadores sin empleo”, como lo hizo el documento final.
O que uno de sus triunviros, Héctor Daer, dijera ese día ante la prensa que la política gubernamental “ha maltratado la economía de los compañeros informales”.
Y que otro de ellos, Juan Carlos Schmid, abriera el encuentro del sábado con el reconocimiento de que “ante esta realidad de 14 millones de pobres, algo no funcionó en tantos años de democracia. De ahí que el nuevo compromiso de la clase trabajadora es lograr la jerarquía sociabilizadora del trabajo. Por eso vamos a acompañar la lucha por la obtención del salario complementario”.
La primera lucha
El “salario social complementario” para los trabajadores informales es la parte medular del proyecto de ley para declarar la “emergencia social” que se presentó en el Senado con la firma, en un hecho con pocos precedentes, de 25 senadores de distintos bloques, menos del oficialista.
Un beneficio de este tipo cubriría a alrededor de 35% de la población económicamente activa (PEA) que es trabajadora con mayor o menor informalidad, según datos de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
“La importancia de crear un salario social complementario, es decir de cobrar un salario del Estado que sea complementario de lo que un trabajador genera, es que nos daría cobertura de salud y posibilidad de aporte jubilatorio”, dijo a este diario el secretario general de la CTEP, Esteban Castro.
La CTEP es una especie de símil de la CGT del sector informal de los trabajadores, surgida a comienzos de 2011 e integrada, entre otras organizaciones, por el Movimiento Evita.
También por otros cuyo origen está en el colapso de 2001, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois, a la vez coordinador de la Ctep y dirigente de máxima confianza del papa Francisco, en su política hacia los movimientos populares de las 3T: Tierra, Techo y Trabajo.
Una consigna que al interior de la conducción cegetista encarna con mayor identificación Schmid, por su formación inicial en el sindicalismo socialcristiano de los ‘60 que se expresó en la Clat (Central Latinoamericana de Trabajadores).
Por su parte, el coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, argumentó a favor de una relación cada vez más institucional con la CGT.
“Los sectores concentrados de la economía en el mejor de los casos nos ponen como subsidiados, “planeros”, y aparece ahí la estigmatización porque hay una estrategia de fragmentación de la clase trabajadora que viene desde la dictadura. Ese nivel de fragmentación se fue incrementando”, aseveró.
La CCC, al igual que Barrios de Pie que lidera Daniel Menéndez, políticamente referenciado en Libres del Sur, fueron parte de la convocatoria de la Ctep de la marcha de San Cayetano, el 7 de agosto pasado, que tuvo también la participación de las dos CTA y de sindicatos de la CGT, como camioneros de Pablo Moyano y de Schmid.
Se trató, esa marcha, de la mayor expresión popular contra la política económica de la administración Macri.
Para la conducción cegetista, avanzar en esta inédita relación con las organizaciones sociales de las que otrora el sindicalismo peronista receló por considerarlas “competitivas por izquierda”, es un elemento que ayuda a su legitimación.
La CGT tiene hoy una conducción colegiada, después de más de una década de un fuerte liderazgo (Hugo Moyano) y de liderazgos significativos (Antonio Caló y Luis Barrionuevo), con enfrentamientos internos que dejaron heridas.
Abrirse a los trabajadores no formales ayudaría a un triunvirato que en tanto tal se ve forzado a tomar decisiones de manera consensuada.
Para los movimientos sociales, la CGT es un paraguas institucional para hacerse visibles y fortalecerse ante el Gobierno, en función de la obra social de la CTEP (unos 40 mil afiliados sobre unos 900 mil monotributistas sociales) y de la posibilidad de negociaciones semejantes a las paritarias.
Una relación que aspiran a que se institucionalice, con la creación, por caso, de una secretaria específica dentro del secretariado de la CGT.
