La anulación de 82 nombramientos y ascensos de Francisco Pérez que decidió Alfredo Cornejo fue la “primera señal” y en el Gobierno prometen que habrá más. Ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto 64, en el que el radical dio por finalizados los “acomodos” que se conocieron en la gestión justicialista.
En el entorno del mandatario aseguraron que revisaron con mucha cautela los casos caídos, para no tener un efecto “boomerang”, es decir, para que los afectados no puedan recurrir la decisión. En esta línea, se estudia más de 200 casos que “tienen vicios similares” y que en el próximo tiempo darán a conocer “una segunda tanda”de anulaciones.
Los ascensos y designaciones en cuestión son parte de los que se conocieron durante los últimos meses de la gestión anterior, que beneficiaban a personas allegadas al ex mandatario justicialista. Muchos de ellos eran funcionarios que se reservaron un cargo en la planta del Estado, con la intención de asegurarse un trabajo tras el fin del mandato.
El destino favorito fue Salud y Desarrollo Social. “Estos son sistemas que tienen sueldos muy importantes, porque tienen adicionales que, por la función que deberían cumplir, son distintos al escalafón general”, explicó Dalmiro Garay, ministro de Gobierno, refiriéndose al ítem de riesgo psicofísico, al que se sumaba generalmente la “mayor dedicación” para aumentar los haberes.
Los vicios que llevaron a la anulación del decreto son varios. Por un lado, está la falta del volante de imputación de gastos, que implica que antes de gastar el dinero, el Estado debe justificar que lo tiene.
“Al no haber analizado el costo, es inexistente el decreto, porque no puedo designar a una persona sin el cálculo presupuestario”, explicó Garay.
Un segundo punto corresponde a la ley de Presupuesto del 2014, reconducido durante 2015, que en su artículo 8 dispone un cierto cupo para el ingreso a la planta estatal. La excepción son las áreas de prestación directa y efectiva, como Salud y Seguridad.
El tema es que en junio se designó en estas carteras a funcionarios que empezarían a cumplir funciones recién en diciembre. Mientras tanto, se mantuvieron fuera de escala y con licencia. “Esto es un gran vicio de objeto”, señaló Garay, explicando que pierde relación con la necesidad urgente por la que se lo designa en el cargo.
"Pero también es un vicio de poder, porque la finalidad que se persigue es otra, dejar a ese funcionario en planta”, agregó. “Este cúmulo de vicios, sumado a los informes de los ministros de cada área donde determinaban que esa gente no era necesaria, ha llevado a la decisión de esta primera revisión”, definió el ministro.
Cultura denunció contratos irregulares
Tal como lo habían prometido, ayer el secretario de Cultura, Diego Gareca, se presentó ante la Fiscalía de Delitos Complejos para denunciar los contratos “irregulares” que se hicieron en la gestión anterior. La demanda convocará a los ex funcionarios del entonces ministerio que comandaba Marizul Ibáñez (incluso ella podría quedar involucrada) para que den cuenta de las ilegalidades en la contratación de alrededor de 40 artistas.
“La Justicia va a determinar también si los va a convocar, porque había varios contratos en el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), Le Parc y Teatro Independencia”, señaló Gareca.
Según explicaron, estos trabajadores eran vinculados a través del sistema de cachet, un tipo de contratación eventual para los artistas, pero en realidad las funciones que cumplían eran cotidianas y algunos incluso se desempeñaban como secretarios privados de los funcionarios.
“Son ilegales porque son contrataciones que no tienen un marco legal, no tenían seguros, ART, obra social. Cobraban cada tres meses, se les designaba un costo fijo por mes y ese monto se sumaba por tres. Recién al tercer mes lo cobraban”, explicó Gareca.
En cuanto a la situación de estos ex trabajadores, que se manifestaron en este último tiempo, el secretario de Cultura descartó volver a tomarlos.
“Siempre que hablamos de contratos es una cifra importante. Eso hace que hoy ante el pedido de los gremios de contratarlos nuevamente sea imposible con la realidad económica que vive la Provincia, mucho más la Secretaría de Cultura en la que hemos encontrado una deuda importante con proveedores”, respondió tajante el cornejista.
