La Fiscalía de Estado dio por finalizado el sumario administrativo a través del cual se comprobó que empleados de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) del Ministerio de Hacienda realizaron recurrentes estafas al Fisco, desviando a su favor cheques destinados al pago de proveedores.
El hecho, que tuvo alta resonancia cuando se hizo conocido, fue denunciado a mediados de 2011 por miembros del equipo del entonces ministro, Adrián Cerroni, quienes detectaron un desfalco para el ejercicio 2010, de unos $ 850 mil, pero que según fuentes ministeriales, en total ronda entre $ 3,8 millones y $ 5,5 millones, razón por la cual en estos días, la mitad de sus autores quedó cesante y el resto recibió suspensiones, más allá de que todos están procesados penalmente.
La culpabilidad de los funcionarios, que según fuentes de Hacienda habían sido incorporados a la planta durante la gobernación de Julio Cobos, fue determinada por la Junta de Disciplina ministerial, y corroborada por la Fiscalía de Estado, la cual "acompañó el proceso", tal como explicaron desde ese organismo de control.
En el informe divulgado por el fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández, se destaca que se comprobó que funcionarios de la UFI, "utilizando un procedimiento en apariencia legal, inventaban supuestos pagos a la AFIP y a la Dirección de Rentas mediante cheques destinados a cuentas particulares con registraciones en el circuito contable" de esa unidad.
"Se crearon órdenes de pago ficticias cargándolas luego al pago de retenciones de impuestos, relacionadas al mismo número de expediente de los pagos legítimos", añade el documento firmado por Fernández, quien participó directamente en la investigación administrativa, acompañando el proceso penal iniciado por la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos.
En todos los casos, los cheques tenían la firma de los contadores Marcelo Martorell, Federico Acuña, María Rubio y Soledad Pastrana, de quienes se pudo saber, tuvieron responsabilidad en el ejercicio 2010 y parte de 2011, aunque al parecer, "las irregularidades existían al menos desde 2005", tal como señalaron fuentes fidedignas.
Sanciones
En consecuencia, los cuatro involucrados sufrieron una primera sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas a principios de septiembre del año pasado, a través de los fallos 15.916 y 15.919, donde se hizo constar la obligación de los acusados a desembolsar cargos (multas) por un total de $ 2.700.000.
Pero además, a partir de la comprobación del desfalco, la Junta de Disciplina ministerial decidió declarar la cesantía en sus tareas a María Florinda Rubio, en el cargo de Jefa de Departamento y de Federico José Acuña, en el cargo de Personal Temporario de la UFI, mientras que a María Soledad Pastrana, a cargo en su momento de la subdirección de la UFI, se la suspendió por 30 días sin goce de haberes, sanción que la funcionaria ya cumplió, según trascendió.
Martorell en tanto no pudo ser sancionado porque renunció el 1 de marzo de 2011, pero sí fue condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar los cargos, que en su caso suman $987.693,50.
Satisfacción oficial
En el Ministerio se mostraron satisfechos con los resultados de la investigación y su titular, Marcelo Costa, destacó la tarea de los equipos, tanto propios como de la gestión anterior, "que no sólo denunciaron la estafa sino que también contribuyeron a esclarecer el hecho".
En Fiscalía de Estado en tanto resaltaron que "ahora viene lo más importante", ya que con el cierre del sumario administrativo, "hay material suficiente" para contribuir a la causa penal que sigue su curso.
