La competitividad es la capacidad de llegar a los mercados internacionales con productos cuya ecuación precio-calidad sea igual o mejor que la de los competidores. Esa es la situación que se viene modificando dramáticamente en la Argentina. El cambio producido en la composición de las exportaciones de vinos a granel y embotellados es un ejemplo contundente.
Hace un año las exportaciones de vinos a granel representaban el 25% del total del volumen de vinos exportados, ahora son el 80%. Como consecuencia de exportar vino con menor valor agregado el precio por litro ha caído el 16,3%. Esta pérdida de competitividad de las empresas privadas no es el resultado de ineficiencias propias de ellas –aunque siempre puede haber algún caso–, es la consecuencia de la política económica que el gobierno nacional aplica desde hace varios años.
La política de sustitución de importaciones es anacrónica, aunque sea presentada bajo el atractivo slogan de reindustrializar el país. Propósito que, transcurrido diez años de aplicación poco o nada ha conseguido, ya que la participación del sector industrial en el PBI, que fuera del 18% en 1993, había bajado al 16,4% en 2003 y fue del 16,3% el año pasado.
En los primeros años posteriores a la devaluación de 2002 el tipo de cambio se duplicó, en términos reales, operando como barrera importante a las importaciones y beneficiando por igual a las exportaciones; esta situación se mantuvo hasta comienzos de 2007, cuando se aceleró la inflación. Aun más, ese doble efecto fue notablemente reforzado por el favorable cambio de los términos del intercambio, que incluso permitió que el sector agropecuario soportara fuertes retenciones a las exportaciones.
Pero, a la larga, la carrera entre inflación y devaluación fue ampliamente favorable a la primera, con el resultado de que la competitividad cambiaria se perdió y hoy el tipo de cambio real para algunos sectores es similar al uno a uno del fin de la convertibilidad.
El fuerte incremento de los costos medidos en dólares está en el núcleo de la pérdida de competitividad. Pero no es el único factor que afecta a las empresas.
La necesidad del Estado de acumular dólares para pagar deuda llevó primero a restringir algunas importaciones y luego a un generalizado control de todas ellas. Las Licencias No Automáticas y luego las Declaraciones Anticipadas de Necesidad de Importación han trabado seriamente las importaciones, creando numerosas dificultades de abastecimiento de insumos, repuestos y bienes de capital necesarios para la economía. Pero también faltantes de bienes indispensables para la salud, tratamiento médico y quirúrgico.
El cepo cambiario -en realidad la virtual apropiación por el Estado de todos los dólares que ingresan al país- ha cerrado el círculo del manejo prácticamente total del comercio exterior de bienes y servicios (incluida la posibilidad de que las personas salgan del país) por el Estado.
Es pues la política económica discrecional, arbitraria y errática la que impide a las empresas competir. Esa política que implica un profundo menosprecio y degradación de las instituciones afecta la competitividad sistémica del país. Ha traído además represalias de numerosos países que restringen las exportaciones con el efecto de que no sólo han caído las importaciones en altos porcentajes, sino también las exportaciones, aunque en menores proporciones. Este juego de pinzas permite exhibir un crecimiento del superávit comercial ficticio, producto de la represión del comercio exterior.
El resultado final es una economía cada vez más atrasada, con menor disponibilidad de bienes, de menor calidad y mucho más caros que en los países vecinos. Parece increíble que a esta altura del siglo XXI no se entienda, o no se acepte, que el cierre de la economía atrasa al país.
