Ya se sabe que a fuerza de protestas reiteradas de los transportistas de cargas, el futuro del Centro Integral de Servicios al Camionero de Uspallata, adjudicado por la municipalidad de Las Heras a una UTE local en terrenos fiscales, está bajo la lupa de la Fiscalía de Estado.
Ahora, el organismo analiza el impacto ambiental y, al emplazar a la comuna para que informe en el lapso de 10 días al respecto, le advirtió que de avanzar sin cumplir la exigencia, el proyecto podría suspenderse o declararse nulo.
El procedimiento choca en cierto modo entre lo que establece la Ordenanza municipal 125/99, y lo dispuesto por la Ley provincial de Medio Ambiente nº 5.961, en la que se basa el dictamen de Fiscalía notificado al municipio ayer.
En base al artículo 28 de la norma, deja en claro que “la obligación de contar con la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) debe ser anterior a cualquier actividad o construcción de obra ya que, de lo contrario, todo lo actuado administrativamente sin ella, es nulo”.
Pero el artículo 38 de la misma ley estipula que si aún así avanzara su construcción debería suspenderse o demolerse. Todo depende del resultado de la categorización del proyecto, a resolver por la autoridad ambiental del municipio antes de elevar el expediente a la Unidad de Evaluaciones Ambientales de la Provincia.
Desde el área legal de la Fiscalía remarcaron que “una exigencia insalvable es que el inicio de obra debe contar con la DIA”. Asimismo, admitieron que “sin perjuicio de que el municipio tenga su ordenanza ambiental, todo el procedimiento se encuadra en la ley provincial. Hasta aquí no hay nada irregular, pero tampoco constancia de que esté todo bien”.
¿Existe alguna irregularidad en la adjudicación del proyecto del Centro de Servicios? A criterio de la Fiscalía en su rol de ombudsman ambiental, no. Hay que distinguir obra pública, obligada a adjudicarse con DIA, de una privada (puede presentarse después).
La investigación partió de una denuncia de Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones) en contra de la obligatoriedad y probable arancelamiento de servicios como pesaje y desinfección de cargas y el uso de tierras de la provincia para un proyecto privado (fueron cedidas sin cargo a Las Heras para que las concesionara).
Acorde al artículo 23 de la ley de Medio Ambiente, el ente requiere “nuevo informe detallado en 10 días improrrogables sobre el impacto real y/o potencial de las actividades denunciadas”. Si la comuna no lo suministra en ese plazo, habrá otra intimación y, en caso de incumplir con la respuesta, el caso podría pasar al área de Investigaciones Administrativas.
¿Con o sin audiencia pública?
La categorización del proyecto está supeditado a su magnitud y determinará si el procedimiento de Evaluación de Impacto debe superar los dictámenes sectoriales y la audiencia pública de rigor, o un trámite más accesible. De ser lo primero, bastará pedir a la iniciativa de la UTE proponente, liderada por el empresario Alfredo Vila, una MIA (Manifestación de Impacto Ambiental); en cambio, un Aviso de Proyecto agilizará su aprobación y los plazos.
Ahora, el expediente 21503 está en manos de la Dirección de Ambiente municipal, paso previo para que intervenga la Unidad de Evaluación Ambiental de la Provincia. “El concesionario (la UTE Dorisol- Mercosur Logística-EAG) presentó toda la documentación pertinente, como planimetría del lugar, para dar inicio al procedimiento. Resta un dictamen ambiental y otro jurídico, pero no se ha avanzado con la obra”, aseguró Mariano Domínguez, director de Asuntos Legales de la comuna.
Los Andes intentó obtener alguna declaración de la UTE, pero no hubo respuesta.
Igualmente, según Domínguez, resta un proceso “de varios meses antes de la construcción” que deberá completar la próxima gestión municipal. Entre otras instancias, saber si la DGA (Dirección General de Aduanas) definirá una Zona Primaria Aduanera en el predio; en tal caso, qué participación tendrá el Centro de Servicios.
Pago por servicios, en la mira
El conflicto Aprocam-Las Heras sigue y motivó otro “camionazo” la semana pasada frente a la sede municipal. Sin embargo, desde el Gobierno comunal destacan un acercamiento tras un encuentro entre los directivos de la Cámara y el intendente Miranda. Durante el mismo, además se insistió en que los servicios no serán obligatorios.
“El intendente ratificó los dichos de sus asesores, cuando dijo que el contrato sigue vigente pero no se va a ejecutar la obra porque la obligatoriedad depende de la Aduana.
Por su parte, Domínguez también destacó que, sin un canon establecido para los servicios “sólo podrían cobrarlo Vialidad y Aduana, si lo disponen a través de la firma de convenios con la comuna”.
