Tras casi dos meses de haber sido develado, el proyecto del Centro de Servicios al Camionero que la comuna de Las Heras concesionó a una UTE liderada por Alfredo Vila en un predio de 12 hectáreas en Uspallata se encamina a un litigio judicial.
Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la iniciativa de más de $ 23 millones por considerar, entre otros aspectos, que la injerencia del municipio en jurisdicción provincial no corresponde y que servicios que debe brindar el Estado, como desinfección de cargas y pesaje, no pueden concesionarse a privados y ser de tarifado obligatorio.
En realidad, ésa es la punta de una batería de acciones de los empresarios que incluye a los tres poderes para frenar la iniciativa, además de enviar sendas Cartas Documento al gobernador Francisco Pérez, que firmó la transferencia del predio Los Álamos a la comuna; otra al intendente de Las Heras, Rubén Miranda y un pedido más por escrito al gobernador electo Alfredo Cornejo para que intervenga. Los transportistas también llevaron el caso ante la comisión de Derechos y Garantías del Senado y no descartan ir a la Justicia.
Cabe recordar que el proyecto adjudicado por 20 años a la UTE Dorisol- Mercosur Logística- EAG, del empresario “Freddy” Vila incluye, entre servicios generales para el camionero como el estacionamiento, restaurante y hotel, algunos esenciales que hasta ahora eran gratuitos, como pesaje de cargas y desinfección, y que en el complejo costarán un extra de $ 370.
De ahí que la violación de principios constitucionales (derecho a la propiedad y libre circulación por una ruta nacional), la ilegalidad del proyecto por infringir la ley orgánica municipal 1079 (intromisión en competencias de reparticiones, caso Dirección de Vialidad) son los principales argumentos.
Respecto al tenor de los múltiples planteos, el presidente de Aprocam, Guido Calzetti, fue contundente.
“Lo que pretendemos es que no sea obligatorio, por eso recurrimos a la Fiscalía y a la Legislatura, además de enviar las Carta Documento al gobernador Pérez y el intendente Miranda. Al primero porque avaló un acuerdo con la AFIP y al jefe de la comuna porque el proyecto no es una solución, al contrario, y sí un negocio del municipio con una empresa de Vila”.
Luego del acuerdo con Agetich, la contraparte chilena de Aprocam, por el cual se logró el apoyo formal de las firmas trasandinas del transporte de cargas contra el proyecto, la presentación ingresó el viernes 4 a la Fiscalía, que se comprometió a investigar.
Desde el ente confirman que pedirán informes a la comuna de Las Heras por supuesta violación de la Ley Orgánica de Municipios, al inmiscuirse en servicios que debe prestar la Provincia, además del Ejecutivo y a las firmas de la UTE.
Un as bajo la manga
En el caso de las firmas adjudicatarias, se denuncian "irregularidades" en la constitución de garantías para ejecutar el complejo de $ 23,7 millones. Para muestra sirve un botón: Dorisol, que lidera la UTE, acredita en edictos $ 12.000 de capital desde su fundación en 2004 y ningún movimiento que justifique crecimiento hasta la licitación, con lo cual estaría "subcapitalizada" e inhabilitada de iniciar la ejecución.
“El municipio debió haber tenido en cuenta, al licitar, que las firmas de la UTE no se habían capitalizado lo suficiente según muestran los edictos; hacerlo luego es irregular e ilegal”, aseguró el abogado patrocinante, Roberto Ochippinti, respecto del recurso ante la Fiscalía, cuya investigación, si prospera, podría forzar una marcha atrás.
A la espera de una respuesta de Pérez y Miranda a las Cartas Documento que se les enviaron, y con argumentos a los que se suma el hecho de que la suba de costos puede interpretarse como una barrera pararancelaria, los transportistas juegan sus fichas a un dictamen de la Fiscalía favorable, más allá de lo que decida la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores. Pero nada se agota allí.
Aprocam prevé ir a la Justicia para demostrar el perjuicio económico que el negocio propuesto por el Centro de Servicios puede ocasionar al sector transportista y exportador. Con un planteo, según Ochippinti, idéntico: violación de principios inconstitucionales (ver).
Por un carril paralelo transcurre el cuestionamiento a Las Heras. Para el profesional, “ningún municipio debe subrogarse facultades asignadas a otro organismo. Por eso mal puede licitar servicios de la Provincia, que sería la única facultada a decir a la Dirección Provincial de Vialidad que delegue controles que le son propios como el pesaje, igual que al Iscamen con la desinfección de cargas”.
El impacto en los costos
El criterio de la inconstitucionalidad pedido por Aprocam también se apoya en el marco regulatorio del transporte, para el cual ninguna autoridad municipal puede incorporar al tránsito del transporte un arancel distinto a los vigentes.
Aquí queda clara la diferencia. Hoy, el pesaje de los camiones se hace gratis a través de Dirección Nacional de Vialidad en Punta de Vacas. Con el Centro de Servicios, a la vera de la ruta Nacional 7, Km 1151, los equipos deberán ingresar y pagar $ 370 en total.
El convenio entre Las Heras y la UTE Dorisol- Mercosur Logística- EAG señala que, a cambio del canon del 5% a la comuna, los concesionarios podrán cobrar $ 103,06 (76 unidades tributarias) como tasa de Iscamen por desinsectación y desinfección, y $ 270 (200 UT) por la tara de cada equipo.
Esa condición sustenta la afectación al derecho a la propiedad y libre circulación que jurídicamente esgrime Aprocam ante la Fiscalía y que también llevará ante la Corte Suprema, llegado el caso.
“Se está estudiando una presentación ante la Justicia, pero el perjuicio no existe hasta que no se cobra y, por lo tanto, queda demostrado”, admite Ochippinti.
En paralelo, también pesan los números del negocio y su incidencia en el flujo del comercio exterior por el paso fronterizo de Mendoza. A un ritmo de 800 camiones por día y $ 370 por unidad, la proyección en 20 años de concesión arroja un ingreso para los operadores de casi $ 2.200 millones.
Mientras tanto, el flujo de salidas e ingresos de camiones dentro del circuito del Mercosur y a través del paso fronterizo de Los Libertadores muestra un movimiento total de 179.294 unidades en los primeros 7 meses de 2015. Para transportes de Argentina, con altibajos, que dejaron un piso de casi 6 mil camiones egresados y otro tanto que ingresaron en julio.
“La caída se debe al tipo de cambio. Los costos en Chile son mucho más bajos que en Argentina y a muchos les conviene contratar allá a pesar de quese devaluó 20%. Por eso, de concretarse el proyecto del Centro de Servicios y el incremento de costos que conlleva, sin dudas el panorama se profundizará”, puntualizó Calzetti.
