La decisión del Gobierno nacional de destinar 50 millones de pesos para la realización de una telenovela y para el programa pseudo periodístico que se emite por el canal oficial, pusieron nuevamente en la superficie el modo en que se maneja en los niveles de decisión la distribución de la pauta publicitaria oficial.
Una decisión cuestionable si tenemos en cuenta que el dinero que aportan todos los argentinos -no sólo quienes adhieren al Gobierno- es distribuido en forma discrecional, beneficiando a los medios que apoyan abiertamente la actual gestión gubernamental.
También resultan preocupantes las medidas que se adoptan para “castigar” a los medios independientes, que no se doblegan a las presiones ejercidas desde el Ejecutivo nacional, como la decisión -no escrita- de “aconsejar” a los supermercados y grandes empresas dejar de publicar avisos en los principales medios de comunicación nacionales.
Personalidades de la cultura, la ciencia y la política, nucleados en el Club Político Argentino, calificaron a la decisión de “maliciosa, porque no tuvo la valentía de ser escrita; inconstitucional, porque censura a los medios y coercitiva, porque sólo es obedecida para evitar represalias”, mientras la Sociedad Interamericana de Prensa aseguró que la única intención es la de acallar las voces disidentes. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos condenó el cepo publicitario, porque viola la libertad de expresión.
No menos sorprendentes son las cifras que destina el Poder Ejecutivo nacional para ejecutar sus políticas de comunicación. De acuerdo con los datos dados a conocer días pasados, durante 2012 el Gobierno dirigió 7.780 millones de pesos hacia ese destino, lo que determina 21 millones de pesos por día.
La mitad de esa cifra fue destinada a construir la red AR-Sat de estaciones digitales y antenas, mientras la otra mitad se aplicó a los programas Fútbol para Todos -1.228 millones-; Incaa, 560 millones; Televisión Digital Abierta, 359 millones; la Afsca, 170 millones y las señales de televisión Encuentro y Paka Paka, 100 millones de pesos.
El relevamiento, realizado por la Fundación Libertad de Expresión más Democracia que dirige una ex presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, indica que la tendencia del Gobierno fue incrementar las partidas año tras año, para privilegiar en su asignación a medios de comunicación con líneas editoriales que promueven las políticas oficiales, sin cuestionarlas, mientras continúa paralelamente la tendencia a disminuir la pauta a periodistas y medios que mantienen una línea independiente.
Entre los mayores beneficiados figuran los grupos afines al Gobierno, con incrementos que van desde el 847% al 110% en sólo un año, mientras los recursos asignados a los medios independientes cayeron 96% en el caso del diario La Nación, un 70% en El Cronista y un 61% en Clarín. Destaca el informe que entre 2003 y 2013 la pauta se incrementó un 1.778% y que no se ciñó a ningún parámetro objetivo, sino que fue totalmente discrecional.
Cabría preguntarse qué puede ocurrir con la pauta publicitaria este año, que será electoral y en el que el Gobierno parece dispuesto a jugar todas sus fichas para alcanzar un triunfo que le permita insistir con una reforma constitucional que acepte la re-reelección de la Presidenta.
De todos modos, por más dinero que le aporten, los programas de la televisión pública y de los canales afines, por su obsecuencia y su falta de objetividad, no son creíbles ni valorados por la inmensa mayoría de la opinión pública.
