Una presentación de una “acción declarativa de inconstitucionalidad” y una medida cautelar, para pedir la suspensión inmediata de todas las resoluciones que modificaron el cuadro tarifario fue presentada ayer en el Juzgado Federal de San Rafael por el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Sergio Marinelli, y los jefes comunales Emir Félix, de San Rafael, Walther Marcolini de Alvear y el malargüino Jorge Vergara Martínez. A partir de ahora, el juez subrogante Eduardo Puigdéngolas, deberá responder durante esta semana si la medida cautelar es aceptada.
Esta presentación judicial tiene como objetivo incluir a los usuarios de los departamentos del Sur provincial que quedaron afuera de una resolución de la jueza Federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal, que suspendió por tres meses los incrementos en la tarifa de gas para el resto de los usuarios mendocinos.
Esa medida anula la aplicación del cuadro tarifario y ordena que el Enargas elabore un nuevo marco para la zona Norte de Mendoza (en respuesta a una cautelar presentada por la ONG Protectora, de defensa del consumidor). Además solicita “extender la acción por el período de seis meses, lo que establecería un tiempo prudente para acordar con el Ministerio de Energía y Minería de la Nación un cuadro tarifario razonable para los usuarios del servicio”.
Así, ayer a las 8 se presentaron en el juzgado federal ubicado en San Lorenzo y Barcala de San Rafael, el secretario de Servicios Públicos y los tres intendentes, incluido malargüino Jorge Vergara Martínez, quien se acercó a modo de solidaridad, ya que su departamento no está incluido porque posee una tarifa diferenciada de gas por considerarse zona patagónica.
“Venimos planteando a la Nación el caso de nuestras industrias y comercios, porque hay casos en los que quizás el costo puede trasladarse en una parte al precio final y así pueden seguir trabajando, pero hay otros casos en los que no se puede y las industrias locales tendrán que cerrar y se perderán fuentes de trabajo y producción”, señaló Marinelli al tiempo que explicó que en el sur provincial el aumento se notó más porque se pagaba menos ya que contaba con un amparo judicial.
Aun así señaló que habrá aumentos, que quien no pueda pagarlos estará contemplado en la tarifa social que cuenta ya con más de 100.000 en Mendoza.
