Hoy los hechos parecen lejanos y hasta extraños. Hubo un tiempo en que YPF era controlada por la petrolera española Repsol y no fue hace mucho. Dos meses antes de que la empresa hidrocarburífera volviera a ser administrada por el Estado, el gobernador mendocino Francisco Pérez denunció la existencia de pasivos ambientales en las áreas Barrancas y La Ventana. Esa denuncia reconoció muchas peripecias pero el último recorrido es un misterio. Es que el expediente que se tramitaba en la Fiscalía Luján-Maipú está perdido hace tres semanas.
La Procuración General de la Suprema Corte ha ordenado una investigación administrativa para saber qué pasó con la pesquisa; mientras, en la Fiscalía se ha ordenado la reconstrucción.
El inicio de 2012 fue efervescente. De pronto, el Gobierno nacional advertía que YPF S.A. no invertía lo suficiente para lograr la soberanía energética y, además, violaba la ley 24.051 de residuos peligrosos.
En esa avanzada nacional se enroló el recién asumido gobernador Pérez. A principios de marzo de 2012, el Gobierno provincial denunciaba a YPF S.A. por haber encontrado pasivos ambientales en dos áreas operadas por la empresa. Las dos son contiguas y el límite entre ambas está marcado por el dique Carrizal: La Ventana al este, Barrancas al oeste.
Hubo una inspección para detectar pasivos el 1 de marzo de ese año en las dos áreas. El resultado fue lamentable y quedaba claro que Repsol era un mal administrador de YPF y que contaminaba el suelo de nuestra provincia, al menos en ese momento de histórica lucha por la soberanía energética.
Una semana después, la Provincia denunciaba a YPF S.A. ante la Justicia Federal y provincial. Al juez Walter Bento le tocó la presentación federal y, al fiscal de Delitos Complejos, Daniel Carniello, la local.
La denuncia decía que “las situaciones descriptas fueron ocultadas por la firma YPF S.A. en el momento de la presentación del informe ambiental 2008, que estaba obligada a presentar como declaración jurada en los términos de la ley 5.961 y su decreto reglamentario, 170/2008”.
Se decía que en Barrancas había elementos “contaminados con hidrocarburos y que los convierte en residuos peligrosos, por los que deberían ser tratados con cuidado especial, acto que no se ha realizado”.
El Gobierno denunciaba en La Ventana (pozo PB-40) la presencia de una “pileta de alojamiento de fluidos y lodos de perforación y petróleo recuperado de pistoneo para antiguos yacimientos explotados con tecnología sin locación seca”.
Según reza en la denuncia, “en el sitio donde la vegetación había ocultado en parte la pileta pero, ante la simple prueba con una calicata (nota de la redacción: una muestra de suelo tomada con una barrena) en el sector más bajo, se detectó, bajo la tierra acumulada, la presencia de hidrocarburos".
En la presentación hay más hechos, más piletas y mas caños en desuso con hidrocarburos sin disposición final que incumplían con la normativa vigente.
Unos meses después, en noviembre, mientras Carniello mandaba al archivo la denuncia atento a que Bento estaba investigando lo mismo, el magistrado federal remitía el expediente 17.627-C a la Justicia mendocina, por entender que las causas de contaminación (violación a la ley de residuos peligrosos ) son de jurisdicción local. Ese expediente remitido por Bento ingresaba a la Fiscalía Luján-Maipú con otro número, el 158.830.
El 3 de mayo de 2012, el Congreso nacional sancionaba la ley de reestatización de la empresa. La denuncia de Pérez fue importante en ese proceso de expropiación, al punto que fue usada como uno de los argumentos para que YPF volviera al Estado.
Pero una vez que la empresa volvió a ser estatal cabría preguntarse si la investigación judicial abierta en Mendoza había perdido el sentido original, más allá de que corresponde a la Justicia intervenir en el cuidado del ambiente y obligar a la remediación sin importar si se trata de una petrolera privada o estatal.
No trascendió nada del estado de la causa. Los Andes sólo pudo obtener confirmación de que el expediente 158.830 está extraviado y actualmente se investiga cómo fue que desapareció, así como también se intenta volver a juntar todas las pruebas que tenía.
Las historias, las denuncias y los expedientes se cruzan, a veces por azar. El 26 de junio pasado este diario publicaba el destino incierto de otra denuncia contra YPF que era tramitada por la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos. Esa denuncia fue a fines de 2013, por la perforación de un pozo petrolero a metros del arroyo Carrizal. Coincidentemente se habla de la misma zona geográfica sobre la que puso el foco la denuncia de Pérez.
Hablando de cruces de historias, la fiscal Ríos decidió que las actuaciones por contaminación ambiental eran jurisdicción de la Justicia Federal, por lo que se declaraba incompetente en este tema; el argumento inverso de Bento para mandar la denuncia del Gobierno a una fiscalía de la Justicia provincial.
Planteo contra un reservorio de gas subterráneo, sin resolver
Hay otro expediente judicial, el 7.067/2011, que habla sobre YPF y actualiza una vieja historia que alguna vez fue publicada por este diario entre setiembre y noviembre de 2006. Se trata de un reservorio de gas subterráneo que se ubica en la zona del yacimiento Lunlunta-Carrizal.
Allí, los controles del acuífero demuestran contaminación: en el último análisis realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo en abril pasado, se encontraron 19 miligramos de metano por cada litro de agua; el máximo tolerable es de 5 mg/l litro.
En el lugar, conocido popularmente como la “planta de gas”, se reactivaron las perforaciones como pozos de petróleo; los defensores de la actividad dicen que, además de producir más hidrocarburo, es una estrategia para sacar el metano de los reservorios junto con el oro negro. El argumento respaldado por informes técnicos es que el metano no se mezcla con el agua y una vez que se extrae de los reservorios, simplemente se diluye en el aire.
El peligro de la concentración de gas en reservorios cerrados son las explosiones; lo que se pretende es despresurizar los antiguos reservorios de gas que están a varios cientos de metros de profundidad.
El yacimiento Lunlunta-Carrizal es parte del área Barrancas. La “planta de gas” funcionaba desde 2004 en un terreno propiedad de la familia Day-Masllorens (actualmente los propietarios tienen un diferendo con la empresa), pero recién tomó estado público en 2006, cuando fue cerrada por pedido de la Municipalidad de Luján y del Departamento General de Irrigación. Hasta se le aplicaron multas millonarias a Repsol-YPF. Irrigación por 500 mil pesos y el Concejo Deliberante de Luján 5 millones.
En aquellos días se ordenó el monitoreo permanente por parte de la UNCuyo porque el metano se había filtrado a las napas de agua dulce, aptas para riego y consumo humano. En los últimos dos años los análisis muestran un progresivo incremento del metano en el agua del pozo de muestra LCA1.
El metano no es considerado peligroso para la salud humana, pero afecta a la atmósfera porque contribuye al efecto invernadero.
