La más reciente seguidilla de errores no forzados del Gobierno de Mauricio Macri comenzó con el Correo, un caso que debía tener todas las advertencias: no tocar sin consultar al Congreso; no acordar sin antes asegurar apoyo de (al menos parte de) la oposición; hacer consulta previa en la Justicia; no olvidarse de contar qué pasó en el Correo reestatizado, y algunas más.
Pero no. Un funcionario de segundo orden hizo un acuerdo que, aún siendo preferible a lo que desde 2004 había hecho el kirchnerismo, es inaceptable tratándose de una relación del Estado con una empresa de la familia del presidente.
Recapitulemos: Néstor Kirchner reestatizó el Correo en 2004, debido a atrasos del concesionario en el pago del canon surgido del proceso de privatización. Así, el Estado recuperó el control de edificios y activos del viejo Correo, pero también se quedó con inversiones que había hecho durante su gestión “Correo Argentino SA”, del grupo Macri.
Luego, las gestiones K dejaron licuar la deuda del ex concesionario, pesificada por la gestión peronista de Eduardo Duhalde y en la que no se podían aplicar intereses ni actualizaciones, por decisión del Congreso de mayoría peronista que en 2002 modificó la ley de Quiebras.
Cada día que pasaba, el valor real de esa deuda concursal (con el Estado y con acreedores privados) era menor. Ergo, estaba en proceso de extinción. No así los juicios contrarios que la firma de los Macri hizo al Estado por la reestatización de 2004.
Esa reestatización fue pésima no sólo por sus formas chapuceras sino, también, por la gestión posterior. De 2004 a 2013 el reestatizado Correo pasó de tener 9.000 a 16.000 empleados, una explosión de “empleo militante” más grosera aún si se tiene en cuenta que la industria postal está en declive en un mundo de comunicaciones digitales y que, además, el Correo “recuperado” tercerizó gran parte de su actividad contratando empresas “finisheras” (impresión, ensobrado y distribución de tarjetas de crédito, impuestos, facturas, promociones, etc) de dudosos antecedentes, a menudo creadas ad hoc para esquilmar al Estado bobo.
Sólo entre 2013 y 2014, por caso, la “finishera” Ersa Urbano, facturó al Correo más de 1.000 millones de pesos (a valores de hoy, no menos de 3.000 millones de pesos), sin incluir IVA. Otro caso: entre 2011 y 2013 Tochineki (nombre que surge de las sílabas iniciales de los apodos de sus dos fundadores, los hiperkirchneristas “Topo” Devoto y “Chino” Navarro, y las dos primeras letras del nombre y apellido de su difunto líder, Néstor Kirchner.
Entre 2011 y 2013 el Correo nac&pop pagó a Tochineki por actividades de tanto interés postal como la promoción de “Néstor Kirchner, la película” (realizada con aportes del Incaa) mediante la muestra itinerante “Néstor para Todos”. Se dispusieron 3 camiones de un peso total de 30 toneladas y el Correo pagó a Tochineki más de 13 millones de pesos de entonces por incluir su logotipo en los camiones y la muestra itinerante. Cuestión de imagen. La reestatizada empresa nac&pop perdía así unos 1.500 millones de pesos por año.
Parecen cifras pequeñas en comparación con los 70.000 millones de pesos que, según el kirchnerismo, “perdonó” la gestión de Macri a la empresa de su familia. Pero esa cifra no tiene sustento legal y es un desvarío financiero. En cualquier caso, el acuerdo sin respaldo político fue un grave error (o corrupción no consumada) del Gobierno, agravado por no exigir a cambio que la empresa de los Macri desista de sus reclamos al Estado.
No hay que olvidar, de todos modos, que la forma más sencilla de favorecer a la familia presidencial era hacer lo mismo que hicieron las gestiones K: dejar correr el tiempo y extinguir la deuda. Mientras hacían eso, vale recordar, Néstor Kirchner puso a Franco Macri, en sociedad con un grupo chino, el grupo Roggio y los sindicatos de Hugo Moyano y José Pedraza, al frente del Belgrano Cargas, la mayor línea de transporte ferroviario de cargas del país, y le concedió más de 1.000 millones de pesos en subsidios.
Tal vez en retribución, por eso en 2007 Creaurban, empresa de Angelo Calcaterra, sobrino de Franco y primo de Mauricio Macri, fue el principal aportante de fondos a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, con 398.800 pesos, apenas 1.200 por debajo del límite legal.
CFK mantuvo el quiosco de Franco, Roggio, los chinos y los muchachos de la CGT hasta que, después de la condena a Pedraza por el asesinato del militante trotskista Mariano Ferreyra, decidió “recuperar” el Belgrano Cargas. Así, en 2015, la línea transportó 2,5 millones de toneladas, el registro más bajo de su historia y menos de la mitad de lo que había llegado a transportar por año en los ’80, durante la “década perdida”. Otra muestra del “Estado presente” del kirchnerismo.
En medio de las indignadas denuncias por el Correo, por las que fue imputado el propio presidente y que ya tramita la Justicia, el Gobierno anunció el cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones, en línea con la letra de la mal llamada “ley de Movilidad previsional” del kirchnerismo, y afectó levemente hacia abajo el haber jubilatorio: 17 pesos al mes para la mínima, o 100 pesos si el jubilado en cuestión cobra más de 32.000 pesos, o 150 si gana más de 48.000.
Bastó para desencadenar una hipócrita secuencia de indignaciones.
Sergio Massa, que fue director de la Anses, propagó cifras que sin duda sabe falsas. Massa fue también jefe de Gabinete de la presidenta que vetó una (bien llamada) ley de Movilidad sancionada por el Congreso porque -dijo- no quería desfinanciar a la Anses. CFK tal vez decidió bien aquel veto, pero igualmente saqueó la Anses, llenándola de papelitos con promesas de pago del Tesoro.
La primera capitalización importante del Fondo de Garantía de los pagos a jubilados ocurrió hace dos meses, cuando con la recaudación fiscal del blanqueo el actual gobierno transfirió a la Anses 100.000 millones de pesos. En enero pagó en concepto de “reparación histórica” otros 1.900 millones a jubilados que llevaban años reclamando en vano al Estado.
Massa instruyó a sus tuiteros que viralizaran la frase “Macri recorta igual que De la Rúa”, de fuerte tufo desestabilizador, por el recorte del 13% que el fallido ex presidente hizo a mediados de 2001 a jubilados y empleados públicos en un vano intento de “salvar” la convertibilidad y su gobierno.
El recorte de 0,31 punto porcentual de los haberes previsionales (0,27% en el haber aumentado) que finalmente Macri anuló, está muy lejos de aquel porcentaje, que sí fue superado por Néstor Kirchner en 1991, cuando asumió la gobernación de Santa Cruz y recortó en 15% las jubilaciones y salarios provinciales. Es que Néstor había recibido “una provincia en llamas” de manos de Héctor Marcelino García, hoy suegro de Máximo Kirchner. En la Argentina las cosas políticas suelen ser cuestiones de familia.
