El gobierno catalán asegura que si en el referéndum de hoy gana la independencia, sea cual sea la participación y las condiciones del mismo, el Parlamento catalán declararía la secesión de España en 48 horas.
Ese cambio de fronteras, el primero en Europa occidental desde la Segunda Guerra Mundial, el primero de forma unilateral y violando el orden constitucional en una democracia, pondría a Cataluña automáticamente fuera de la Unión Europea.
Perdería el euro, no tendría banco central, sus empresas no tendrían acceso al mercado europeo ni sus ciudadanos libertad de movimientos por Europa. No habría ni fondos europeos ni ningún otro programa de la UE, desde los de investigación hasta los de intercambios universitarios pasando por los fondos de desarrollo.
Esa salida se basa en los tratados europeos y la ha explicado desde 2004 la Comisión Europea: si una región de un Estado miembro de la UE deja de formar parte de ese Estado miembro, los tratados europeos dejarían de aplicarse en ese territorio.
Los nacionalistas argumentan que los ciudadanos catalanes tienen ciudadanía europea pero Europa recuerda que se tiene ciudadanía europea porque se tiene la ciudadanía de un Estado miembro del bloque. Si los catalanes dejan de ser españoles, dejan de ser ciudadanos de la UE.
Para volver al club, Cataluña debería apelar al artículo 49 del Tratado de la UE y “solicitar el ingreso como miembro de la Unión”. Para eso debería cumplir de antemano tres requisitos: ser un Estado europeo; respetar los valores de democracia, libertades civiles, Estado de derecho, respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos del artículo 2 del Tratado; y cumplir “los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo” en 1993.
Una Cataluña independizada unilateralmente no cumpliría esos requisitos. Para ser un Estado a ojos de la UE necesitaría ser reconocida por todos los miembros de la UE, que deberían pronunciarse, recuerda el artículo 49 del Tratado de la UE, “por unanimidad”. Si alguno de ellos no reconoce a Cataluña su solicitud no sería admitida.
Lo contrario haría que los Estados miembros violaran la normativa europea porque el apartado 2 del artículo 4 del Tratado asegura que cada país del bloque es competente para organizar sus "estructuras fundamentales políticas y constitucionales, también en lo referente a la autonomía local y regional”. Además, asegura que la Unión “respetará las funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial”.
Esa hipotética Cataluña independiente violaría también la tercera condición, que exige respeto a valores como el Estado de derecho. Al declararse independiente de forma unilateral violaría la Constitución española, que en su artículo 2 dice que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española”. Por lo tanto violaría esa condición para que su solicitud europea fuera admitida a trámite.
Ni el derecho europeo ni el internacional reconocen el supuesto “derecho a decidir” al que apela el nacionalismo catalán. El derecho a la autodeterminación que reconoce Naciones Unidas sólo es aplicable a territorios colonizados o a situaciones de graves violaciones de derechos humanos que no se cumplen en el caso catalán.
Los nacionalistas aseguran que la UE es pragmática y buscará una solución política. Pero además de que Europa se construyó para evitar que el nacionalismo volviera a ensangrentar el continente como hizo en dos ocasiones en el siglo XX, varios países tienen partidos nacionalistas que verían la Cataluña independiente como un potente imán y un peligroso precedente legal.
