El Parlamento de Cataluña aprobó ayer una resolución sin precedentes declarando el lanzamiento de un proceso de secesión de España con el objetivo de proclamar una república independiente a más tardar en 2017.
La respuesta de Madrid fue inmediata. En una hora, el jefe del gobierno español Mariano Rajoy anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar el texto esta misma semana.
La resolución, aprobada con 72 votos favorables sobre 135 diputados del Parlamento regional, no tendrá efectos directos pero presenta el plan secesionista: iniciar “el proceso de creación del Estado catalán” que “no se supeditará a las decisiones del Estado español”.
“Nadie puede detener la voluntad de un pueblo que avanza decididamente hacia un futuro mejor. Ninguna querella, ninguna amenaza, ningún miedo”, aseguró el presidente en funciones Artur Mas, de la transversal coalición independentista Juntos por el Sí.
La iniciativa independentista fue presentada por los diputados de la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y del partido de extrema izquierda Candidatura de Unidad Popular (CUP). En conjunto, las dos formaciones lograron una mayoría parlamentaria en las elecciones regionales de setiembre.
"El desafío más grande"
Tras las elecciones regionales del 27 de setiembre obtuvieron 62 diputados que, junto a los 10 escaños obtenidos por los independentistas de extrema izquierda de la CUP, les sirvieron para aprobar este "acto de ruptura", en palabras de la diputada de la CUP Anna Gabriel.
La resolución incluye también un llamamiento a renegociar la abultada deuda pública y a redactar la legislación para crear una administración tributaria independiente.
“Es el desafío más grande que hemos tenido en la democracia en los últimos 30 años”, aseguró la líder de la oposición, Inés Arrimadas, del partido centroliberal Ciudadanos. “Tiene tan poco sentido que no han sido capaces de convencer a una mayoría de catalanes”, añadió.
Los independentistas solo obtuvieron un 48% de los sufragios de las elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la oposición del gobierno español de Mariano Rajoy a conceder un referéndum en esta región mediterránea.
Esta negativa llevó al gobierno de Mas a impulsar el 9 de noviembre de 2014, justo hace un año, una consulta simbólica en la que 1,9 millones de personas se posicionaron por la independencia a pesar de que la votación fue prohibida por el Tribunal Constitucional.
En la resolución aprobada ayer, los independentistas advierten que durante este proceso, que quieren culminar en 2017 con un referéndum para aprobar la nueva constitución catalana, tampoco se supeditarán a sus sentencias.
“Casi un 50% de votos a favor de la independencia supone una enmienda a la totalidad de la Constitución Española de 1978 y del Tribunal Constitucional”, aseguró Mas.
“Existe un clamor creciente para que Cataluña no solo sea un país, sino un estado con todo lo que eso implica”, dijo al inicio de la sesión el líder de Juntos por el Sí, Raül Romeva. “Hoy, no sólo abrimos un nuevo Parlamento, esto marca un antes y un después”.
Los brazos catalanes del gobernante Partido Popular y de los opositores Socialista y Ciudadanos presentaron apelaciones para frenar la votación, pero la Corte Constitucional de España determinó el jueves pasado que podía llevarse a cabo.
“Ustedes quieren dividir al país erigiendo una frontera dentro de la Unión Europea”, dijo la líder regional de Ciudadanos, Inés Arrimadas a los legisladores separatistas.
En riesgo la autonomía
Desde Madrid, Rajoy se mostró "decidido a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia".
Para ello aprobaron recientemente una reforma del alto tribunal para inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias y su gobierno plantea una posible suspensión de la autonomía catalana.
“Tenemos el presupuesto regional más alto de España y más competencias que ninguna otra región de Europa. Ustedes lo están poniendo todo en riesgo”, advirtió el líder catalán de su formación, Xavier García Albiol.
Esta declaración culmina una escalada de tensión entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando este tribunal recortó ampliamente las competencias adquiridas en un estatuto regional de 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España.
El independentismo, antes minoritario, creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica en esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.
El gobierno de Rajoy recurre la declaración
El jefe del gobierno español Mariano Rajoy anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar la resolución aprobada ayer por el Parlamento regional de Cataluña declarando el lanzamiento de un proceso de secesión.
“Solicitaré la inmediata suspensión de esta iniciativa y de todos sus efectos”, aseguró Rajoy en una comparecencia televisiva poco después de que las fuerzas independentistas catalanas aprobaran la resolución donde declaran “el inicio del proceso de creación del estado catalán”.
El recurso se interpondrá mañana después de una reunión extraordinaria del consejo de ministros, dijo Rajoy. Si el Tribunal Constitucional acepta el recurso, la resolución quedaría automáticamente suspendida de forma cautelar hasta que los magistrados decidieran su veredicto definitivo.
Pero desde el bando independentista quieren seguir adelante de todos modos. En su resolución se especifica que este proceso de secesión “no se supeditará a las decisiones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”.
“El gobierno que presido no va a permitir que esto continúe”, aseguró Rajoy. “Estamos decididos a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia”, añadió.
Entre estos medios, están la posible inhabilitación de los cargos públicos que desobedezcan al tribunal o, incluso, la suspensión de la autonomía de la región, un extremo contemplado por la Constitución española.
