Uno de los grandes problemas por los cuales los gobiernos no logran solucionar los conflictos es la falta de relevamiento; es decir, no hacer un estudio concreto de lo que sucede en la realidad respecto de determinados temas.
La problemática de los animales que viven en situación de calle no es ajena a esta cuestión, no sabemos a ciencia cierta cuántos son ni dónde están, no sabemos sobre los daños que esos animales sufren ni qué consecuencias ocurren a nivel social.
En este punto es fundamental que aclaremos que en 2006 se sancionó en Mendoza la ley 7.603, que declara a la provincia como "no eutanásica" y prohíbe expresamente "el sacrificio de canes y felinos como sistema de control poblacional".
Esta ley no sólo fue un gran logro a la hora de evitar métodos crueles que se usaban antiguamente, sino que le exige al Estado la implementación de técnicas de esterilización quirúrgica como único medio para controlar la población de animales.
Bajo este marco jurídico es que debemos comenzar a actuar, respetando los derechos de los animales y propiciando que cada uno de ellos tenga un hogar donde vivir.
Como mencionamos, una de las órdenes clave que la ley 7.603 le otorga al Estado, en todos sus niveles, es la de tener que implementar un sistema de castraciones que realmente abarque a todos los animales en situación de calle.
Esto, a su vez, debe complementarse con un seguimiento que se haga de los mismos, para cubrir también todos aquellos casos en los que lamentablemente no se les puede dar rápidamente un lugar adecuado para vivir o una familia.
Todo esto acompañado también de campañas que enseñen a la gente sobre tenencia responsable de mascotas, principalmente, en las escuelas.
La Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción de Mendoza estudió detenidamente el caso de la provincia de San Juan, que implementó un sistema de castraciones masivas por zona, llegando a realizar hasta setenta esterilizaciones en un fin de semana, mediante un trabajo conjunto entre los municipios y los vecinos.
La idea de que todos los organismos trabajen en forma conjunta, aunque sea de manera temporaria, ayudaría a que se alcance un número considerable de castraciones, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos siempre son insuficientes.
También se estudió el caso de Holanda, que se convirtió en el primer país sin perros callejeros, valiéndose de un sistema de esterilización, seguido de concientización, leyes contra el abandono animal, multas e impuestos.
Hasta el día de hoy, los municipios y el gobierno de Mendoza incumplen la ley 7.603. Las castraciones que se realizan son sumamente escasas y con gran desconocimiento de la real población canina y felina existente.
La mayoría de los planes se implementan en zonas donde los perros y gatos tienen dueño, y se olvidan de las zonas en las que abundan los animales callejeros, que por supuesto no van solos a castrarse.
Esto trae consecuencias lamentables para toda la sociedad. Se trata de un tema de bienestar animal y también de salud pública, que ocasiona sufrimiento y enfermedades de los animales no humanos, accidentes de tránsito, y el riesgo de que alguien recurra a hechos de violencia o a métodos que nunca más deben existir.
Por todo esto, además de que todos debemos ser responsables de castrar a nuestras mascotas, el Estado es el gran responsable de implementar un sistema de castraciones que realmente solucione el problema de los animales callejeros, y de fomentar medidas que sirvan para que todo animal no humano viva en un lugar donde sus necesidades estén cubiertas, su salud esté cuidada y sus derechos sean respetados.
