La reforma judicial que impulsa el Gobierno y que incluye, entre otros puntos, la limitación de las medidas cautelares, pone en el tapete la importancia de este tipo de acciones que buscan proteger -de forma rápida y efectiva- los derechos de los ciudadanos cuando se encuentran vulnerados por intereses empresarios o del Estado. En los últimos años, se dieron numerosas situaciones revertidas por la aplicación de amparos:
Problemas financieros.
Durante el corralito financiero, que el Gobierno impuso en 2001 a los depósitos de los ahorristas para frenar la salida de dinero del sistema financiero, motivó millones de juicios de parte de los usuarios. Muchos consiguieron, con el tiempo, retirar sus ahorros a través de medidas cautelares, a través de las cuales, la Justicia les permitió disponer de su dinero.
Hoy, por cuestiones menores, distintas entidades de usuarios siguen representando los reclamos de usuarios por cobros indebidos de parte de las entidades bancarias.
Por ejemplo, el “cargo por gestión de cobranza”, un cargo adicional a los intereses que cobraban los bancos cuando había mora, independientemente si el usuario hacía alguna gestión o no, explicó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino.
La entidad, actualmente, está cuestionando el cargo de “exceso en el límite de compra”, contra bancos y tarjetas de crédito.
Juicios previsionales.
Los jubilados, por su parte, fueron destinatarios de numerosas medidas cautelares que ordenaron pagar el dinero adeudado por el Estado, en base al fallo de la Corte Suprema por el caso Badaro, a las personas de mayor edad o con enfermedades más avanzadas.
Ahora, la creación de un Tribunal de Casación, como tercera instancia, antes de que el caso llegue a la Corte, “producirá una mayor demora en los juicios previsionales”, advierten los analistas.
Consumidores.
En los casos de relaciones de consumo, las medidas cautelares también jugaron un papel primordial a favor de los consumidores.
Un caso emblemático fue el famoso “rebalanceo telefónico”, durante el gobierno de Menem, que implicaba una fuerte suba de tarifas para los usuarios de la telefonía fija. Si bien, las telefónicas apelaron esos fallos y la Corte les dio la razón, el recurso de amparo presentado en su momento por las entidades de usuarios demoró la medida.
“El amparo permitió que los usuarios tuvieran hasta un año y medio para pagar las diferencias tarifarias y sin los intereses, con lo cual se beneficiaron dada la gran desvalorización monetaria que hubo”, recordó Polino.
Otro ejemplo es cuando Consumidores Libres, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, logró frenar los aumentos de energía eléctrica y gas natural que se habían decidido por decreto, en vez de aplicarse por una ley.
