Sociedad
Para este miércoles se espera “tiempo bueno” en Mendoza: cuál será la máxima
hace 10 horas
En la primera audiencia sobre la investigación del manejo de los fondos de la Tupac Amaru en Mendoza, la jueza de Garantias Cristina Pietrasanta ordenó la prisión preventiva de Fanny Villegas en la modalidad de domiciliaria y el embargo preventivo y la inhibición de sus bienes.
La nuera de Nélida Rojas es sospechosa de asociación Ilícita, estafa y coacción.
Villegas era la secretaria del movimiento que se encargó de construir viviendas sociales en Mendoza. Ella firmaba los recibos de pago que fueron denunciados como métodos de extorsión.
La prisión preventiva la cumplirá en su casa. Villegas está en su domicilio desde el 4 de mayo porque cuidad de su mamá enferma.
Ayer la fiscal Gabriela Chaves probó con los movimientos bancarios que la familia llegó a tener 34 vehículos y dos terrenos.
Y en la cuenta de Ramón Martínez, pareja de Nélida, se movieron 102 millones de pesos.
Más pruebas
Según datos que Los Andes pudo recabar, el cúmulo de pruebas ha permitido clarificar la hipótesis de la asociación ilícita que en un principio justificó la detención de Rojas y sus familiares. Y ahora completa los elementos para concluir que efectivamente hay una asociación armada para cometer delito, y que el fin que sus integrantes persiguen es “enriquecerse”.
Las pruebas se lograron luego de cruzar datos de informes que la investigación obtuvo en algunos municipios (principalmente Lavalle) y en los bancos con los que operaban los referentes de la Tupac, el Nación y el Credicoop.
Entre las pruebas, aparecen operaciones como el cobro de cheques, que si bien tenían destino de las cooperativas de vivienda, se usaban para comprar bienes personales. En un caso (Tierra del Este) las operaciones superan el $ 1,5 millón. Cabe recordar que en la Tupac hay 21 cooperativas.
Otras pruebas se basan en el cobro de las cuotas de ingreso y mensuales a las personas que buscaban una vivienda, y que según los funcionarios judiciales, enriquecían los bolsillos de los titulares de esas cooperativas, en todos los casos, familiares directos o indirectos, o allegados de Rojas y Martínez.
Para la parte acusadora, “ninguna cooperativa existía” como tal, dado que la gente que pertenecía a ellas, no tenía idea de los manejos que realizaban sus titulares. Considera entonces que se usaban como “medio necesario” para enriquecer a sus referentes.
Desde su visión entonces, esa búsqueda los llevó a cometer otros delitos, que también conforman las imputaciones, como estafa, coacción, amenazas, despojos, extorsiones y fraude a la administración pública.
