La causa por la desaparición de Soledad Olivera (31), la mujer cuya desaparición estaría relacionada con la de la adolescente Johana Chacón (13) ha tenido un nuevo avance: el fiscal especial Santiago Garay pidió la prisión preventiva para Mariano Luque (30), quien está imputado por privación ilegítima de la libertad.
Este avance procesal se produce luego de que la defensa de Luque apelara su detención en dos instancias: un juez de garantías y la cámara de apelaciones, le dieron la razón al fiscal Garay.
La última vez que Olivera, una ama de casa de Tres de Mayo, Lavalle, que tiene tres hijos, fue vista por última vez el 18 de noviembre de 2011. Ese día se dirigió a la finca de Luis Curullanca, donde Luque vivía con su pareja, la hermana de Johana Chacón.
Una de las pistas investigadas por Garay fueron las comunicaciones telefónicas que cruzaron Olivera y Luque, quienes mantenían una relación sentimental. Pues bien, el día en que desapareció, Luque llamó a la mujer para decirle que se encontraran. Es por ello que fue imputado luego por privación ilegítima de la libertad.
El fiscal también cuenta con testimonios de familiares y amigos de la mujer que confirmaron amenazas constantes por parte del hombre, algo que se manifiesta en algunos de los cien mensajes de textos que cruzaron el 18 de noviembre de 2011.
La desaparición de Soledad fue denunciada por su hermanos en la oficina fiscal de Lavalle. Inicialmente el caso fue investigado por el fiscal Darío Nora, quien archivó el caso sin haber cerrado la investigación. Esta acción le valió un pedido de Jury que luego fue desestimado por ese tribunal.
El caso Soledad Olivera fue tomado por los medios después del 4 de setiembre de 2012, cuando desaparece Johana Chacón. La desaparición de esta adolescente generó un fuerte reclamo de la comunidad de la escuela Virgen del Rosario, donde estudiaba Johana.
Tras la explosión mediática, Garay se hizo cargo de la investigación de la desaparición de Johana y luego asoció la causa de Soledad.
La Justicia ha sospechado de Luque en los dos casos pero nunca ha podido probar que el hombre haya participado en estos delitos. Incluso se han allanados casas e hicieron excavaciones en algunas fincas buscando alguna pista que lleve al esclarecimiento de los hechos.
El Gobierno, por su parte, ofrece una recompensa de 20.000 pesos para quien ofrezca información sobre el paradero de la menor.
