Política
La Corte desestimó un planteo de Sergio Salgado en la causa por amenazas a un empleado del Banco Nación
hace 10 horas
Graciela Pascual (61) seguirá con prisión domiciliaria. La ex representante legal del instituto religioso Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo, continuará bajo esta modalidad pese al pedido de su defensa que el pasado agosto había solicitado dejar sin efecto la prisión preventiva que la ex empleada cumple en su domicilio.
Así lo decidió la cámara de apelaciones en esta instancia que fue la resolutiva de la audiencia que tuvieron hace unos días donde se debía responder a las pretensiones de la defensa. Al respecto de las conclusiones, la querella quedó conforme con la decisión del tribunal de jueces.
"Entendemos que la resolución es importante porque si bien no resuelve cuestiones de fondo, porque aunque faltan pruebas a producir, faltan chicos que declaren, y que la mayor razón de quienes declaran sin miedo es que saben que las personas involucradas están privadas de la libertad", destacó Gustavo Stroppiana, el fiscal que tiene a cargo la causa por los hechos ocurridos en el instituto.
Los argumentos
Según explicó Gustavo Stroppiana le pareció bien el análisis realizado por la cámara respecto de los argumentos esgrimidos por la defensa. Fundamentalmente porque estuvieron de acuerdo en coincidir con la falta de igualdad de Pascual con otras personas imputadas, como la monja Asunción Martinez y la ex cocinera Noemí Paz.
"Desde el ministerio público dijimos que por supuesto que hay desigualdad porque entendemos que la directora tiene otra responsabilidad, otro poder de decisión y otro poder de contralor que no tienen los otros imputados", señaló Stroppiana.
Recordemos que Pascual está imputada por participación primaria (omisión), y es señalada por los ex alumnos del instituto como "la jefa" y "la mano derecha" del cura Nicola Corradi, otro de los imputados por los abusos (en este caso, como autor). Además, están también imputados y detenidos en la causa la monja Kumiko Kosaka, el sacerdote Horacio Corbacho y 3 ex administrativos (Jorge Bordón, Armando Gómez y José Luis Ojeda).
“También hicieron referencia a la proporcionalidad del tiempo que lleva detenida y la eventual pena. De esto dijimos que esto no podía conmover la medida cautelar porque tiene una amenaza de pena bastante alta y que esto no significaba, que es lo que necesita para desvirtuar la anterior resolución, nuevos elementos que acrediten que la prisión preventiva no es necesaria”, informó el fiscal.
De este punto Stroppiana aclaró que, por ejemplo, entre los argumentos que adujo la defensa Pascual se dijo que no ha violado los requisitos que se le impusieron en todo el tiempo que lleva con prisión domiciliaria, es decir, que no amenazó a ninguno de los chicos.
Pero según el fiscal esto es lo que se espera de ella, ya que de no haber cumplido con este requisito, hubiese vuelto a un establecimiento carcelario por lo cual no vale como sustento para que Pascual obtenga la libertad.
"También señalaron que la resolución de la jueza Alejandra Alonso, dictada primigeniamente, fue impecable. Esto confirma que hay riesgo procesal y que la imputada Graciela Pascual debe seguir privada de su libertad", comentó Stroppiana.
Ahora, continuarán las pericias psicológicas a los denunciantes y esperan que la causa principal (ya que el caso fue dividido en tres grandes causas y de ellas la primera es la que tiene a los sacerdotes y 2 ex empleados como acusados) se realice antes de fin de año.
