Esta mañana pasaron por Tribunales dos sacerdotes de Córdoba enviados por el Vaticano en calidad de testigos citados por el fiscal Gustavo Stroppiana del caso Antonio Próvolo. Ahora buscarán que dejen un informe de su investigación "paralela" en manos de la Justicia.
"Queremos llegar a la verdad sin ocultar nada", aseguraron desde el Palacio Judicial, donde poco dijeron.
Dante Simón (62) y Juan Martínez (45) conforman una comisión que lleva adelante la investigación eclesiástica, que va a en paralelo a la de la Justicia.
“Nos ha llamado la atención lo aberrante de los posibles delitos. Es un dolor tremendo para la Iglesia, así como lo es para cualquier familia en que uno de sus miembros es abusador. Queremos llegar a la verdad y sin ocultar absolutamente nada. Y siempre teniendo en cuenta la protección que tienen que tener los menores, que en este caso son doblemente vulnerables”, dijo el vicario judicial del Arzobispado de Córdoba.
“Con el fiscal compartimos la necesidad de que se sepa la verdad. Estoy a disposición de la Justicia para colaborar. Si me va a preguntar como testigo, no tengo nada para aportar porque no conozco los hechos. Es más, quiero conocerlos y por eso los investigamos”, agregó.
“Ninguna etapa interfiere con la investigación judicial del Estado; son paralelas. Si el caso pasara al fuero penal, nosotros podemos colaborar. A la Iglesia la deja tranquila la acción del fiscal. Y si nuestra investigación determinara que no existió delito, seguiría el curso normal de la Justicia penal de Mendoza”, aclaró Simón, quien ya se entrevistó con los 2 sacerdotes imputados y detenidos en la provincia.
Además, el sacerdote aclaró que cuando llegaron a Mendoza la última semana de marzo y descubrieron que no había ninguna denuncia en el Arzobispado.
“Esto nos dificulta la tarea, porque vamos a tener que buscar a los denunciantes y pruebas por otro lado. Agradecemos de todo corazón el hecho de que la querella tenga la disponibilidad para que nos entrevistemos con ellos y con las víctimas”, dijo Simón.
Sin embargo, las víctimas dejaron en claro a través de la querella que nada quieren saber con en encuentro con los emisarios del Vaticano.
En tanto, el clérigo se desligó de la causa de abusos en Italia. “A mí la tarea que se me ha dado es investigar a este sacerdote de los posibles delitos cometidos en Mendoza. Si estoy en Mendoza me es imposible investigar en Verona, tendrá que haber otro investigador”.
De todas maneras, tanto la fiscalía como la querella, que representa a los denunciantes, solicitaron que se informe todo los que se sabe de los casos anteriores sucedidos en Italia y en La Plata.
Hasta el momento hay al menos 27 casos de chicos hipoacúsicos y sordomudos que denuncian haber sido víctimas de -también al menos- 6 personas, entre ellos 2 curas (Nicola Corradi y Horacio Corbacho) y la monja japonesa Kumiko Kosaka. Todos están imputados y detenidos por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.
Posibles resoluciones
Una vez culminada la investigación, los enviados derivarán al Vaticano la información recolectada. “Es el Vaticano quien interviene y juzga y hay cinco resoluciones posibles”, sostuvo Simón.
La primera es solicitar mayores precisiones al considerar que les falta información. Otra posibilidad es solicitar el archivo del caso por considerarlo inconsistente, mientras que la tercera alternativa es la imposición de una pena temporal (suspensión) o máxima (expulsión).
En caso de esta última, se eleva la resolución al Papa para que dimita del estado sacerdotal a los culpables. Incluso hasta puede haber excomunión también.
La Iglesia además puede ordenar un proceso penal canónico administrativo, para lo cual confía a un obispo que haga el proceso. El sacerdote designado va a investigar, recoger pruebas y va a dar al acusado la posibilidad de que se defienda con abogado. Es el obispo, en nombre de la Santa Sede, quien dicta el decreto penal.
La quinta y última posibilidad es ordenar un proceso penal judicial. Acá intervienen ya 3 jueces eclesiásticos y un promotor de Justicia.