Caso Próvolo: los acusados denunciaron a peritos e intérpretes por falsedad y manipulación

Los abogados de las monjas Kumiko Kosaka -imputada y detenida por los episodios de abusos sexuales y corrupción de menores sordos que se investigan en el instituto religioso Antonio Próvolo- y su par, Asunción Martínez -imputada por participación, aunque no detenida- denunciaron esta mañana a los profesionales del Cuerpo Médico Forense e intérpretes oficiales que intervienen en la investigación.

En la presentación acusaron a los psicólogos y psiquiatras judiciales de cometer el delito de "falsa pericia" -considerando que tergiversaron y hay falsedad en los informes sobre los denunciantes-, mientras que a los intérpretes de lengua de señas oficiales los acusan de "falsa interpretación" -también hablan de tergiversaciones y manipulaciones-. Ambos delitos contemplan una pena de hasta 10 años.

"La denuncia consta de 130 páginas, fue presentada en la Unidad Fiscal Residual. Estamos denunciando por falsa interpretación a los intérpretes Débora Pizarro, Nancy Cortez y César Pellegrini. Y por falsas pericias a los doctores y licenciados que acusan a nuestros defendidos", sintetizó el abogado Carlos Varela Álvarez, acompañado por las abogadas Valeria Corbacho -quien acompañó a Kosaka cuando se entregó en Buenos Aires y quien no tiene ninguna vinculación con el cura Horacio Corbacho, uno de los acusado como autor de los abusos-, María Pía Scattini y un equipo de intérpretes particulares de lengua de señas.

“Esta situación (en alusión al accionar de los denunciados que cuestionan) ha permitido a la querella replicar el principio de inocencia de nuestros defendidos”, continuó Varela Álvarez, quien no tuvo dudas en destacar que las dos monjas son inocentes.

Duros

El hermetismo público que mantuvo Varela Álvarez desde que asumió la defensa de Kumiko y Martínez llegó a su fin esta mañana. Por medio de una conferencia de prensa -que contó con intérprete de lengua de señas-, el abogado y su equipo se refirieron por primera vez a las acusaciones que pesan principalmente sobre Kumiko.

"Vamos a demostrar la inocencia desde la ciencia, no desde las interpretaciones. La Segunda Cámara del Crimen ya ordenó la prisión domiciliaria de Kosaka y estableció que fue víctima de una demonización y filtraciones de forma parcial de las pericias a las que fue sometida. Pero no hemos encontrado eco ni en (el fiscal, Gustavo) Stroppiana ni en (la jueza de Garantías, Alejandra) Alonso", indicó Varela.

El abogado destacó que le resulta incomprensible que no se haya permitido intervenir a Adajus -programa nacional para la asistencia de personas sordas en el ámbito jurídico-, entidad que fue rechazado ya por el fiscal y la Justicia de Garantías. Y adelantó que apelaron la decisión.

"El informe de Adajus nos permitió echar luz en la predisposición que tienen las personas sordas a ser manipuladas. En este caso no sólo fueron manipuladas, sino también tergiversadas", destacó.

Quien se explayó en los detalles en que basaron la denuncia sobre el accionar de los 7 profesionales de la salud del Cuerpo Médico Forense (psicólogos y psiquiatras) fue Corbacho. "En ningún lugar del mundo se somete a una persona que denuncia haber sido víctima de un episodio sexual a contar 5 veces lo que vivió, como está ocurriendo acá", indicó Corbacho.

Para ejemplificar, se detuvo en 3 casos concretos. Allí, por ejemplo, indicó que sobre una de las denunciantes los profesionales realizaron un informe donde constaba que presentaba una "discapacidad tipo sordera, hipoacusia moderada, nula audición en un oído y 40% en el otro". Sin embargo, Corbacho criticó que los profesionales reconozcan no haber observado estudios anteriores ni tampoco hayan sometido a audiometrías u otoemisiones acústicas.

Además acusó a los profesionales de no haber recurrido a los antecedentes con que cuenta esta persona. "Allí dejan en claro que la testigo no escucha nada, ¿por qué entonces dicen que escucha 40% en un oído?. Es una falsedad lo que dicen", disparó.

Corbacho también dijo que hay informes que evidencian que esta testigo presentaba trastornos emocionales y de otro tipo desde 1998, y que nunca fueron tenidos en cuenta; al igual que las intervenciones de Juzgados de Familia entre 1997 y 2007.

"Son solo algunos ejemplos de la gravedad de las falsedades de los profesionales del Cuerpo Médico Forense en sus evaluaciones e informes", sintetizó.

Scattini, a su turno, fue quien se refirió al rol de los intérpretes. En su exposición, la abogada destacó que los profesionales denunciados no interpretaron de forma literal ni exacta, tanto las preguntas que hacían los psicólogos en las cámaras Gesell ni las respuestas de testigos y denunciantes.

"Del informe de Adajus se desprende que los intérpretes han añadido, callado y falseado información", resumió Scattini.

La abogada destacó que los intérpretes agregaban palabras y conceptos que no habían sido preguntados ni respondidos, y que en las preguntas mencionadas inducían una respuesta o hacían la seña de alguno de los acusados sin que existiera en los enunciados originales.

Un equipo de intérpretes y de asistentes de personas sordas también participaron de la presentación. "Como intérprete, yo no tengo derecho a agregar y no corresponde narrar a otra persona", destacó la intérprete que trabajó con Varela Álvarez, Victoria Montero.

Además, Montero indicó que las 7 cámaras Gesell grabadas que analizaron cuentan con una calidad técnica pésima, y en 5 de ellas no se conserva la interpretación, se pierden los conceptos básicos y se vulnera la confidencialidad.

"Esto es un llamado de atención grave que hacemos a la instrucción. Y si no se tiene en cuenta a tiempo, el juicio puede ser desastroso en lo que se refiere a nulidades", sintetizó Varela Álvarez.