Sociedad
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hace 7 horas
Este lunes la Justicia le negó la libertad a la monja Kumiko Kosaka, una de las 14 imputadas en los abusos sexuales en el instituto Próvolo de Luján. De esta manera, la acusada esperará el juicio con arresto domiciliario.
Días atrás el abogado de la japonesa había pedido el cese de la prisión preventiva, señalando que ya había cumplido el tiempo máximo de detención antes de ser juzgada, que es de 2 años y 6 meses. El planteo le llegó a los jueces David Mangiafico, Eduardo Brandi y Agustín Chacón, quienes resolvieron el punto con una votación que fue 2 a 1.
Los dos primeros magistrados se manifestaron en contra del reclamo de la religiosa, ya que el plazo es de 30 meses a partir de la última preventiva que le dictaron, que fue en octubre de este año. El juez restante votó en disidencia a sus pares, y así se definió que la sospechosa seguirá detenida en su vivienda.
"El tribunal confirmó el acto de la doctora (Mariana) Gardey, por lo que Kumiko Kosaka debe seguir detenida. Estábamos muy atentos a lo que fuera a resolver el tribunal, y estamos satisfechos con la resolución", destacó el fiscal Gustavo Stroppiana, una vez culminada la audiencia que se extendió durante poco más de una hora hoy por la tarde.
"Estamos tranquilos; la interpretación del tribunal respecto a la prisión preventiva es acorde a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Porque para los casos de extrema gravedad como este (por el Próvolo) y donde la responsabilidad es notable, la prisión preventiva está bien dada dentro del plazo razonable. Por eso entendemos que el hecho de que la imputada esté en prisión domiciliaria se ajusta a la ley", agregó a su turno el abogado querellante Sergio Salinas.
Kosaka tiene siete imputaciones por diferentes abusos que sufrieron los chicos sordos del instituto. Sus causas conforman el segundo expediente que irá a juicio, luego de que se termine el debate que se realiza por estos días contra los curas Nicola Corradi, Horacio Corbacho y el ex empleado Armando Gómez.
La tercera investigación involucra a la ex representante legal del colegio, Graciela Pascual, a la monja Asunción Martínez y a otros ex empleados acusados de participación necesaria en los vejámenes.
