Policiales
Chaco: detuvieron un camión que llevaba 28 toneladas de sandías y tenía pedido de secuestro en Mendoza
hace 7 horas
A principios de agosto, la defensa de la ex representante legal del instituto religioso Antonio Próvolo, Graciela Pascual (61) solicitó la liberación de la mujer, quien permanece detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Pascual y 13 personas más -entre ellas 2 curas y 2 monjas- están imputadas en el caso que investiga la presunta comisión de abusos sexuales a chicos sordos en ese establecimiento de Carrodilla.
Más allá del pedido, en el transcurso de la siesta la Justicia de Garantías resolvió no hacer lugar a esta solicitud; por lo que Pascual –también identificada por los ex alumnos y denunciantes como "la mano derecha de Corradi" (NdA: el mayor de los sacerdotes imputado y detenido como uno de los autores de los abusos)- continuará detenida en su domicilio hasta tanto llegue la elevación a juicio de la causa que la involucra. Todo el Caso Próvolo fue dividido en 3 grandes causas, y la primera -que tiene a los sacerdotes y 2 ex empleados como acusados- aguarda confirmación de fecha para que comience el juicio.
El caso Próvolo se ha convertido en el escándalo más importante de la historia mendocina en lo referido a denuncias de abusos eclesiásticos. En total, casi una veintena de ex alumnos sostienen haber sido víctimas de abusos sexuales e incontables agresiones por parte de sus autoridades y empleados mientras estudiaban y dormían en el albergue del lugar.
A Pascual y al cura Corradi (ex regente y uno de los principales acusados e imputados) se suman el otro sacerdote, Horacio Corbacho y las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez. En el caso de Pascual, está imputada por participación primaria (omisión), ya que la Justicia considera que existieron indicios que podrían haber alertado de esta situación a la mujer; pero que nunca hizo la denuncia correspondiente. Por tal motivo, se encuentra detenida desde hace un año y 5 días.
A principios de agosto, su abogado –Víctor Banco, defensor oficial- basó el pedido de liberación para la ex directiva en la consideración de que habían desaparecido los motivos que hacían al riesgo procesal (entorpecer la investigación) y de que las pruebas en contra de la participación de Pascual no eran suficientes. En la otra esquina, los abogados querellantes –y quienes acompañan a las víctimas- se opusieron a este pedido. Y finalmente la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, resolvió que Pascual siguiera como está.
Asimismo, se confirmó que durante la semana próxima continuará la realización de pericias psicológicas a los denunciantes. Según fuentes judiciales, estos procedimientos se harán preservando la integridad de los chicos (una constante desde que comenzó la investigación).
