El martes, el tribunal conformado por los jueces Ariel Specktor, Diego Lusverti y Eduardo Martearena resolvió que la ex representante legal del instituto Próvolo, Graciela Pascual, recupere la libertad. Aunque su situación procesal no cambió -está imputada como partícipe primaria de los abusos a más de 20 chicos sordos internados en el establecimiento religioso-, la decisión de los jueces deriva en que esperará su juicio en libertad.
A primera hora de ayer, los familiares y abogados de las víctimas brindaron una conferencia de prensa donde cuestionaron la decisión y dejaron en claro la preocupación y el temor de los ex alumnos ante la liberación de la mano derecha del cura Nicola Corradi. La propia Pascual (a quien los chicos identifican como "la jefa") ha sido mencionada en las declaraciones del juicio en marcha, por los chicos y padres, que la acusan de haber estado al tanto y ocultado los abusos e incluso de haber amenazado a quienes advertían que la situación era irregular.
Luego de este repudio público, los tres magistrados recogieron el guante y -también por conferencia de prensa- defendieron su accionar. Insistieron en que respetaron los parámetros de la ley y cuestionaron la forma en que hicieron públicas las críticas.
La imputada en tanto debió entregar a la justicia su pasaporte (para evitar una hipotética fuga) y los viernes deberá presentarse en tribunales para una audiencia de control.
Preocupados
Luego de que el tribunal autorizara la liberación de Graciela Pascual, tanto las víctimas, sus familiares y abogados querellantes se mostraron preocupados y angustiados por la situación. "Como familiares estamos en alerta. Los monstruos andan sueltos y tenemos miedo de todo, de que Pascual se acerque a los chicos", sintetizó Érica, hermana de una ex alumna que denuncia haber sufrido los abusos. "Nos dejaron solas, como hace 2 años", agregó.
Aunque todavía no existe una confirmación ni estimación exacta sobre el inicio del juicio a Pascual -integra la causa tres del Caso Próvolo-, "la jefa" aguardará el debate en libertad (hasta el martes estaba con prisión domiciliaria).
Pascual se desempeñó hasta fines de noviembre del 2016 como la representante legal del instituto religioso. Luego de que salieran a la luz las primeras denuncias por abusos sexuales a niños y niñas que dormían en el lugar, las acusaciones fueron sumándose hasta alcanzar a 14 autoridades y ex empleados del instituto, entre ellas dos curas y dos monjas.
Los abogados Sergio Salinas, Lucas Lecour (ambos de la ONG Xumek) y Oscar Barrera -todos patrocinantes de las víctimas- leyeron un duro comunicado donde denunciaron "la doble vara de la Justicia" y cuestionaron la presión de la Iglesia.
Cuestionaron que “arbitrariamente” sólo dieron una prórroga de 18 días a la prisión preventiva de Pascual, cuando tenían la posibilidad de hacerlo por 6 meses.
"Habiéndose cumplido el plazo de 18 días y no habiendo podido iniciarse el juicio por distintos planteos, el mencionado tribunal, desautorizando al Ministerio Público Fiscal y a la jueza de Garantías y ordenó su inmediata libertad, sin importar las graves consecuencia que esto genera en las víctimas", detallaron en el escrito.
A su turno, Salinas destacó que hay decepción entre las víctimas. "A la máxima responsable, que puede recibir hasta 50 años de prisión, la dejan en libertad ", destacó.
Y adelantó que recusarán al tribunal, ya que posiblemente sea quien tenga a su cargo la resolución del futuro de la monja Kumiko Kosaka, también imputada como autora y partícipe de los abusos (en la causa dos). Además, los abogados acusaron nuevamente a la Iglesia, y destacaron que ha presionado y ocultado información desde el primer día.
La defensa de los jueces
"Los abogados colocan la situación como si nosotros hubiésemos obrado en detrimento de las víctimas, lo cual es absolutamente falso. Hemos respetado los parámetros de la ley", destacó el juez Diego Lusverti al referirse a la resolución, y destacó que no hubo una interpretación "arbitraria, antojadiza o ridícula".
Además, indicó que definieron que la prórroga sea de 18 días ya que era tiempo suficiente para que la querella solicitara inmediatamente la audiencia preliminar. "Esa actividad no existió, y eso es algo que escapa a nuestra responsabilidad".
En tanto, consideró que el cuestionamiento de los abogados querellantes es “errado” y sostuvo que ellos mismos los felicitaron por esa resolución. “Les parecía que era la más justa, la más racional y adecuada”, agregó.
“La única lectura posible es que cuando una de las partes no está conforme con la resolución que se dicta, utiliza un mecanismo que yo interpreto que es extorsivo, que es colocar al juez en tela de juicio acerca de que resolvió protegiendo o tutelando el interés espurio de alguna de las partes, lo cual en este caso es absolutamente falso”, señaló.
"No tienen ninguna prueba, hablan de sospechas, de la justicia de los pasillos, de que respondemos al interés corporativo de la Iglesia Católica, son todas acusaciones absolutamente falsas, no me parece ético decir eso", sentenció el magitrado.
Familiares y víctimas se movilizan
A raíz de la resolución que dejó en libertad a la ex representante legal del Próvolo, familiares y víctimas se manifestarán hoy. Será a partir de las 13:30 en la puerta de Tribunales.
El juicio podría terminar en noviembre
También durante la mañana de ayer continuó el primero de los juicios por los abusos en el Próvolo. En la jornada 35 del proceso contra los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y contra el ex jardinero Armando Gómez declaró una maestra, quien contó que tenía conocimiento tergiversado de lo que le pasaba a los chicos. Agregó que las autoridades del instituto no le permitían a los docentes acceder a los albergues y a otros lugares donde sólo ingresaban los curas y Pascual. Además, contó que las veces que le llegaron noticias de posibles abusos, la versión oficial era de hechos intrafamiliares.
También declaró una asistente social que acompañó a víctimas.
Tras ponerse de acuerdo entre las partes, redujeron la lista de testimonios pendientes a cinco. De esta manera, entre hoy y el lunes podrían culminar las testimoniales.
Luego será el turno de preparar los alegatos, y la sentencia podría conocerse a mediados o fines de noviembre.
