La semana inaugural del primer juicio contra tres acusados por abusar sexualmente de chicos sordos en el instituto Antonio Próvolo tuvo un inicio trabado. Tanto que luego de las dos primeras jornadas, ayer por la mañana los jueces dispusieron un cuarto intermedio. Así, las audiencias se reanudarán el próximo miércoles (14 de agosto).
Entre lo más importante del segundo día de debate -que contó nuevamente con los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59), y con el ex jardinero Armando Gómez (49) en el asiento de los acusados, y con 28 imputaciones entre los tres- se destacó la decisión del tribunal de no hacer lugar al pedido de la defensora para que las 11 víctimas declararan durante el juicio.
En sintonía con lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y por la querella, los magistrados consideraron que no era oportuno que los denunciantes reiterasen sus testimonios durante el juicio. En cambio, autorizaron a que se reproduzcan las declaraciones ya registradas fílmicamente durante las cámaras Gesell, donde las víctimas relataron los hechos.
Pero el detalle más llamativo tiene que ver con la forma en que se han mostrado dos de los tres imputados. Durante el lunes y el martes, el ritmo de la causa ha estado marcado por el estado de salud y las condiciones del cura Corradi y del ex jardinero Gómez. De hecho, sobre una serie de peticiones referidas a ellos se han basado los 4 cuartos intermedios hasta ahora, y que han pausado el debate hasta dentro de una semana.
Por un lado, Corradi -en la figura de la abogada defensora de los tres imputados, Alicia Arlotta- ha manifestado en varias oportunidades no poder escuchar ni entender lo que acontece en las audiencias. Esto derivó en un pedido de transcribirlas y de usar auriculares.
Por otro lado Gómez (quien es sordo) ha manifestado no comprender ni manejar la Lengua de Señas Argentina (LSA), aunque lo ha hecho justamente por medio de la LSA.
Sobre el exjardinero se ha autorizado la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas, y este es el origen de la reciente postergación del debate.
El juicio por los abusos en el Próvolo se ha convertido en el primero de la historia en contar con intérpretes de lengua de señas.
Pericias y taquígrafos
Desde el inicio del debate el desmejorado estado en que se muestran -al menos durante las audiencias- Nicola Corradi y Armando Gómez ha tomado un fuerte protagonismo.
El sacerdote italiano de 83 años está con prisión domiciliaria, mientras que el exadministrativo (49 años, sordo) está alojado en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
Ya durante la etapa de instrucción se había ido evidenciando el deterioro de Corradi (imputado por seis episodios de abuso y corrupción de menores), al menos en su aspecto público. Mientras que a las primeras audiencias llegaba caminando, durante las últimas lo hizo en silla de ruedas. Así ha llegado y se ha retirado ayer y el lunes.
No obstante, en setiembre de 2018 y el mismo día en que el exmonaguillo Jorge Bordón reconoció la autoría de 12 hechos y fue condenado a 10 años de prisión, Corradi llegó caminando, aunque lentamente y sujetándose de la pared a cada paso que daba. Siempre con custodia penitenciaria.
El octogenario sacerdote ha puesto especial hincapié en este aspecto desde que comenzó el juicio. El lunes fue su abogada quien pidió que se transcribiera en tiempo real todo lo que los testigos y denunciantes declararan. Por momentos la abogada se paró, pegada a la ubicación de Corradi, y le habló a los gritos con la intención de demostrar que efectivamente el sacerdote tiene una capacidad auditiva muy baja.
Durante la mañana de ayer, y teniendo en cuenta esta solicitud de la defensora, los magistrados dispusieron que el cura probara con unos auriculares y un volumen más alto para que pudiese escuchar lo que transcurría. No obstante, el propio Corradi manifestó que no eran suficientes y que sólo escuchaba "ruidos".
Luego de esta primera situación, y cuando había transcurrido menos de una hora de debate durante la mañana de ayer; tuvo lugar el primer cuarto intermedio del martes. En ese momento, los tres imputados fueron trasladados a los calabozos de tribunales.
Transcripciones
Con la reanudación del debate, llegó la segunda resolución del tribunal al respecto: darle al acusado una copia audiovisual diaria de lo que vaya ocurriendo. Incluso hasta se solicitó a la Legislatura de Mendoza taquígrafos para que actúen durante las audiencias; y también la posibilidad de incorporar un software que vuelque en escrito todo lo que se diga.
La situación de Gómez también se ha presentado conflictiva. Además de haber manifestado no manejar LSA, la abogada del exjardinero resaltó que a su defendido también le está costando entender lo que ocurre. Por esta razón es que los jueces autorizaron que se le practiquen nuevas pericias psicológicas y psiquiátricas. Se harán el martes, a cargo de personal de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, y contará con peritos de control de las distintas partes. Un día después se reanudará el juicio.
"La prueba estaba pedida desde el primer momento, por lo que es algo que corresponde. El tema es que la estrategia es pícara, ya que Gómez dice que no entiende LSA por medio de LSA", dijo el abogado querellante Sergio Salinas.
“La pericia no sirve para determinar si es inimputable o no, sino para saber si puede estar en el juicio. No queremos que ocurra ‘la gran Pinochet’, donde al dictador chileno se lo consideró con una discapacidad, y cuando llegó a su país; se paró de la silla de ruedas y saludó”, agregó en alusión a la llamativa postal protagonizada por el que fuera presidente de facto cuando regresó a su país, tras su detención en Europa.
Corradi y Corbacho siguen siendo sacerdotes
Más allá de estar imputados, detenidos y siendo enjuiciados por los 22 episodios de abusos y corrupción que suman entre los dos, Nicola Corradi y Horacio Corbacho continúan siendo curas. Más teniendo en cuenta que el del "Orden Sagrado" (sacerdocio) es un sacramento, por lo que serán curas durante todas sus vidas.
El Papa es la única persona que puede excluirlos del estado clerical; y esta situación depende estrictamente de los resultados de la investigación penal canónica que ya se ha abierto sobre los dos. Más allá de la bronca de las víctimas ante el hecho de que el Vaticano no haya aportado información sobre dicho proceso a la causa, el interventor del Próvolo, Alberto Bochatey, dijo en declaraciones periodísticas que la investigación eclesiástica está avanzada.
Respecto a si reciben un salario por su labor, desde el Arzobispado de Mendoza destacaron que esa institución no les paga. Los curas que dependen de la Iglesia local son los "diocesanos", pero los aquí imputados son "religiosos" (dependen de congregaciones u órdenes foráneas). No obstante, ni bien se conocieron las denuncias el arzobispo mendocino Carlos María Franzini los suspendió en el ejercicio del ministerio y desde entonces no pueden ejercer el sacerdocio.
Incluso, en caso de recibir algún pago -por parte de la órdenes o congregaciones a los que pertenecen los curas religiosos-, debería ser por medio de un fondo u otra modalidad. Pero no de modo directo y en calidad de salario o sueldo.
No harán declarar a las víctimas
Por otra parte, el Segundo Tribunal Penal Colegiado determinó que las víctimas no repitieran sus declaraciones durante el juicio. Así, al momento de recibir sus declaraciones, se hará con los videos ya filmados en las cámaras Gesell.
"Por medio de las grabaciones se va a poder ver de primera mano de qué se acusa a los imputados y cuáles son los hechos. De haberse hecho lugar al pedido de la defensa, (los denunciantes) tendrían que haber venido a declarar cosas desgarradoras delante de 16 personas. Esta forma de declarar es en beneficio de las víctimas", destacó Alejandro Iturbide, jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.
Más allá de esta decisión, en caso de que se precise de una declaración en particular, el denunciante en cuestión deberá ser sometido a un estudio para determinar que no haya revictimización. Y, de ser necesario, la declaración no tendría lugar en la sala del juicio.
Los abogados de las víctimas catalogaron a la jornada como "exitosa". "El tribunal ha ponderado el derecho de las víctimas al considerar que los chicos están en condiciones de vulnerabilidad y ya han sufrido", manifestó el abogado Oscar Barrera.