Otra maratónica jornada sumó ayer el caso Próvolo en los Tribunales mendocinos. Esta vez debida a la declaración del cura Horacio Corbacho (58), uno de los 2 curas que se encuentra detenido por abuso sexual de menores sordomudos e hipoacúsicos en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo).
Tras casi 10 horas de declaración, el sacerdote se declaró inocente de los hechos que se le imputan (la mayoría de las víctimas lo acusa de violación y tocamientos) y se limitó a hacer públicos, imprimir y dejar a disposición de la Justicia y del expediente fotos y diálogos abiertos y privados de su perfil de Facebook precisamente con los ex alumnos de la institución y del albergue. Según trascendió, la estrategia de este acto apuntó a demostrar la relación buena y "paternal" que tenía con los chicos y el diálogo confidente, intentando así desacreditar las aberraciones de las que se lo acusa.
La fiscalía le notificó al sacerdote que deberá someterse a una prueba de ADN, algo que se ha ordenado para todos los imputados hombres. Esta medida surge a raíz del hallazgo de una bombacha con rastros de semen que fue encontrada en uno de los primeros allanamientos, y se busca determinar si son los genes de los imputados. Ante esta solicitud, la defensa del Corbacho se opuso ayer, por lo que ahora es la Justicia de Garantías quien deberá resolver el desenlace.
Al igual que la monja Kumiko Kosaka (otra de las imputadas y detenidas) en su primera declaración, el más joven de los sacerdotes acusados decidió sólo responder preguntas de su abogado defensor -Pablo Kletzl-. Esto tuvo lugar ya por la tarde, teniendo en cuenta que desde las 10:30 que llegó a la Fiscalía hasta cerca de las 19 el imputado estuvo abocado a la selección e impresión de capturas de su Facebook.
Hasta el momento, junto a Corbacho están imputados y detenidos el otro cura Nicola Corradi (tiene 81 años y tiene prisión domiciliaria) -los dos están señalados por abusos también en el Próvolo de La Plata-, la monja Kosaka y 3 ex administrativos (Jorge Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez, los 3 en la cárcel de Boulogne Sur Mer junto a Corbacho).
El séptimo acusado
Durante las últimas cámaras Gesell realizadas a denunciantes del instituto lujanino se desprendió un dato para nada menor: otro jardinero ha sido acusado por abuso sexual simple (tocamientos).
Ante esta situación, el fiscal Stroppiana ya tendría tomada la decisión de imputar a este hombre, quien incluso había sido citado a declarar en noviembre del año pasado, cuando apenas salieron a la luz los aberrantes episodios y ya estaban detenidos los 2 curas y los 3 administrativos.
A raíz de esta novedad se dejara como nula aquella declaración del 26 de noviembre de 2016, en la que se había presentado en calidad de empleado del instituto y como posible testigo; pero no se lo tenía como posible autor de los delitos todavía. En aquella ocasión, el hombre reconoció que hacía 10 años trabajaba en el instituto como jardinero, que lo contrató el propio Corradi y que trabajaba de lunes a sábado en el mantenimiento del predio.
El nuevo acusado reconoció que trabajaba con Gómez y con Ojeda y que veía constantemente a los 2 curas y al también sacerdote Ramón Amarilla (quien estuvo a cargo de la orden en Mendoza hasta que cerró y quien también ha sido señalado por algunas víctimas como agresor).
El jardinero negó haber presenciado episodios de abusos en el lugar, ni ocasiones en que los curas o empleados del establecimiento quedaran solos con los chicos que allí estudiaban y dormían. El hombre que ahora es señalado como otro de los agresores fue a trabajar -o intentó hacerlo- hasta el último día en que el establecimiento tuvo sus puertas abiertas. De hecho, el 1 de diciembre fue hasta llamativa la manera en que se enteró que no podía ingresar.
"Llegué y me dijeron que no podía entrar a trabajar. Pero antes me habían llamado diciéndome que venga", contó aquel 1 de diciembre. Ese día, al llegar, le notificaron que estaba en la lista de acceso restringido, por lo que apenas si pudo bajar de su moto para encontrarse con la negativa en el portón de rejas.
La ONG Xumek cumplió una década
El 7 de junio de 2007, un grupo de abogados vinculados a causas de Derechos Humanos en Mendoza fundó la ONG Xumek. Precisamente dos de sus integrantes (Sergio Salinas y Juan Dantiacq) integran en la actualidad la querella en la Causa Próvolo, y si bien este se ha transformado en uno de los casos más emblemáticos en que han participado, hay una lista con otros casos que pasaron a la historia.
"Xumek nace a raíz de la causa de la Penitenciaría de Mendoza (NdR: una crisis del año 2004 que incluyó el descuartizamiento de un preso en mano de otros internos, y por el que intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos), como idea de Alfredo Guevara Blanco. Fue el fundador de una corriente de abogados de Derechos Humanos en la provincia en los '90, y durante la crisis en la Penitenciaría ellos habían llevado adelante distintos procesos sin estar organizados", indicó el actual presidente de Xumek, Lucas Lecour.
Desde sus inicios la ONG está integrada por profesionales y estudiantes de distintas ciencias sociales y su trabajo es ad honorem. Además del litigio estratégico en los casos, la organización también publica informes anuales referidos a la situación de los Derechos Humanos y organiza capacitaciones temáticas.
Entre los casos más importantes en que ha participado o está participando Xumek se destacan el juicio por el asesinato de José Luis Bolognezi, el impulso de un hábeas corpus que evitó que a la cárcel de Agua de las Avispas -hoy de mujeres y donde está alojada la monja Kosaka- fuesen trasladados menores de edad, el femicidio de Janet Zapata y las torturas perpetradas por guardiacárceles a internos del penal San Felipe en 2011, entre otros. Se opusieron y presentaron otro hábeas corpus contra el proyecto del Gobierno provincial referido a la regulación de las prisiones preventivas.
