Tras argumentar la inconstitucionalidad de la prisión perpetua en el caso de la "valija fúnebre", ¿podrá el juez Eduardo Martearena volver a ser el juez de algún debate con un tribunal popular?
La pregunta la deberán contestar los colegas del juez, algunos de los integrantes de Tribunal Penal Colegiado 2, donde el jefe de los fiscales de Homicidios Fernando Guzzo presentó un pedido de recusación en la causa del israelí Gil Pereg.
"Lo recusamos en la causa de Gil Pereg y, evidentemente, en cualquier causa que requiera resolución de juicio por jurado lo vamos a recusar. Su concepción es frente a la pena, independientemente del caso concreto. Esto ha quedado más que evidenciado", indicó el fiscal, tras conocerse la polémica sentencia por el caso de la "valija fúnebre", en el que Martearena condenó a Mariano Alan Nicolás Gutiérrez y a los hermanos José Rafael y Abel Augusto Yáñez Astorga a la pena de 25 años de prisión.
Una semana antes, luego de que el juez desestimara una condena para los tres imputados a perpetua, el fiscal había recusado al juez por la causa de Gil Pereg que lleva adelante la fiscal de Homicidios Claudia Ríos Ortiz.
En este expediente, el juez Martearena actúa en relación a un tema puntual: saber si el israelí es inimputable o si puede enfrentar un juicio por jurado que lo podría encontrar culpable de un doble homicidio agravado.
Violencia moral y preopinión
En la recusación, Guzzo sostiene que el juez, durante la audiencia del 8 de agosto pasado en el juicio por el asesinato de Juan Lucero, sostuvo una posición "dogmática" respecto a la pena de prisión perpetua y por eso solicitó su apartamiento en la causa Pereg.
Como prueba aporta el link del canal de YouTube de la audiencia en cuestión.
Luego expresa que el magistrado incurrió en "violencia moral, puesto que el juez, al haber tenido una posición anterior respecto a la pena de prisión perpetua, debería haberla hecho conocer a las partes para que en su caso formulara las objeciones respectivas".
"Entiendo que (las objeciones) devienen en la aplicación del principio de buena fe o lealtad procesal, a la que están obligados el tribunal y las partes", indicó Guzzo en el escrito.
En relación a la violencia moral, Guzzo sostiene que Martearena “ha dispuesto la extracción de tres compulsas penales en contra del suscripto, lo que también evidencia una innegable y pública violencia moral por carencia de imparcialidad”.
Para Guzzo, el resultado de las apelaciones en curso en la causa Pereg dependen de que el caso llegue a ser juzgado ante un tribunal popular, donde podría ser condenado a perpetua. Esta situación para el fiscal "ya demuestra por sí mismo el riesgo cierto y concreto de que su preopinión frustre una futura condena".
