Desde que en ese terrible día de enero el cuerpo sin vida del fiscal Alberto Nisman fuera hallado en su departamento, la voluntad política del Gobierno nacional ha sido la de minimizar la tragedia tratando que las consecuencias de la misma se detuvieran lo más pronto posible. Algo imposible pero que, sin embargo, se ha intentado cínicamente en nombre de una implacable razón de Estado.
Ya en las primeras horas después del descubrimiento del cadáver, el secretario de Seguridad deslizó sin prueba alguna la idea de que se trataba de un suicidio.
Cuando ello se tornó insostenible, el Gobierno no quiso quedar fuera de la hipótesis de asesinato o suicidio inducido, pero lo hizo de mala gana ya que cada vez que puede vuelve a la teoría del suicidio. Como que quisiera que todo terminara allí, en un drama personal sin mayores implicancias de terceros, cuando más implicancias y sospechas aparecen todos los días.
Mientras más va transcurriendo el tiempo se ve como más convincente que, con la muerte de Nisman, se hubiera querido borrar todo lo posible una cruenta historia. Que el fiscal se llevara a la tumba todo lo que tenía acumulado sobre la causa AMIA y que lo mismo ocurriera con su acusación a la máxima jerarquía del poder político de supuesta complicidad con los presuntos responsables del genocidio.
Al menos desde el Poder Ejecutivo todos los días se arroja una hipótesis que siembra duda sobre el fiscal, incluso llegando a las más crueles insinuaciones, como que el objetivo de Nisman era el de desestabilizar al Gobierno nacional, agregando otro golpista más a la ya infinita lista con que el kirchnerismo condena a todos los que califica arbitrariamente de enemigos.
Ni siquiera se tuvo empacho en declarar, por parte de la mismísima presidenta de la Nación, supuestas “relaciones íntimas” entre el fallecido y una de las personas a las que el gobierno quisiera ver como sospechosa. Todo dicho con medias palabras que, sin embargo, son lo suficientemente gruesas y vulgares como para demostrar el deseo desmesurado de desprestigiar el trabajo e incluso a la misma persona del fiscal en su vida privada.
El juez Rafecas puede tener todas las razones jurídicas para haber fallado como lo hizo, pero suena muy opinable que lo haya hecho tan rápido y sin analizar las pruebas pedidas por el fiscal del caso, como si también aquí se quisiera que cuanto antes sea borrado de la opinión pública el caso Nisman.
Es por eso una buena señal que el fiscal haya apelado la decisión del juez porque cada día más, en particular debido a todas estas intromisiones políticas, se hace imprescindible no dejar el menor asomo de duda, investigar hasta las últimas consecuencias todas las denuncias del fiscal muerto para que la sociedad entera pueda saciar finalmente su sed de justicia y verdad.
Por lo dicho es imprescindible que todos los sectores implicados, incluyendo aquí a la misma opinión pública, que deseen que se haga justicia, libren en todos los terrenos posibles una denodada lucha para que el olvido intencionalmente buscado por el poder sea derrotado por una memoria que todos los días y en todos los ámbitos ofrezca la totalidad de los elementos de que se dispone o se pueda disponer para que la investigación prosiga hasta el fin.
