Buenos Aires. César Sánchez, el pai que quedó detenido bajo sospecha de estar vinculado con el crimen de Melina Romero (17), declaró ayer y negó cualquier relación con el caso. El fiscal que investiga el caso pidió prisión preventiva para los acusados.
El religioso umbanda seguirá detenido y a disposición de la Fiscalía hasta el próximo martes. Ayer en su declaración afirmó que no conoce a ninguno de los detenidos y precisó lo que hizo entre el 23 y 24 de agosto pasado, la noche en que fue vista por última vez Melina.
Mientras, los investigadores llevan adelante diligencias para tratar de verificar si en las instalaciones del templo umbanda de Don Torcuato, que pertenece al detenido, se encuentran restos de ADN de la víctima o de los sospechosos.
Otro dato clave que trascendió es que los detectives estarían buscando a un segundo testigo que habría visto a todos los implicados, como una forma de respaldar en parte el relato que dio la llamada testigo clave.
Justamente esta joven fue quien señaló a César como uno de los involucrados en el crimen de la menor.
El pai César fue detenido el jueves tras brindar una conferencia de prensa durante la cual buscaba desmentir las acusaciones en su contra y mostrarse como "un perejil más de esta causa".
En su indagatoria, el sospechoso manifestó que estuvo con amigos y familiares el domingo en que habría ocurrido el crimen y aportó fotos para corroborarlo, además de pedir que esas personas sean citadas para respaldar su declaración.
En tanto, ayer trascendió que los acusados del crimen de la joven: Joel Fernández (20), alias "Chavito", y Elías Fernández (18), alias "Narigón", quienes están imputados por homicidio criminis causa agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por femicidio en concurso real, y abuso sexual agravado arriesgan una prisión preventiva, es decir que se mantengan en la cárcel mientras dure la investigación.
El pedido fue elevado por la fiscal del caso, María Fernanda Billone, y deberá ser resuelto, tal como establece el Código, en los próximos cinco días por el juez de Garantías Mariano Porto.