Se cumplieron dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, con expectativas renovadas por la reciente designación de un nuevo juez a cargo de la investigación y en medio del seguimiento cauteloso que hace del caso el Gobierno para que siga sin tener incidencia en las elecciones legislativas del 22 de octubre como lo indican las encuestas.
Hace una semana y después de 53 días en los que acumuló 2.600 fojas en el expediente sobre la causa de habeas corpus para dar con el paradero de Maldonado (la causa sobre desaparición forzada está en manos de la fiscal Silvina Avila), sin haber logrado avance alguno en la investigación, el juez federal Guido Otranto fue desplazado de la causa en una salida que él mismo terminó de construirse cuando días antes le dijo a La Nación que para él la hipótesis más fuerte era que el joven se había ahogado en el río Chubut.
Otranto fue apartado de la causa por pedido de los querellantes (la familia de Maldonado y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS), y en su lugar la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia designó a su colega de Rawson, Gustavo Lleral, cuyos primeros comportamientos y declaraciones generaron expectativas acerca de que pueda avanzar en el caso.
El nuevo magistrado, sin embargo, parecería no estar dispuesto a dar pasos prontos para lo que fue designado con dedicación absoluta en los próximos 60 días. De atenerse a ese plazo, cualquier resolución que adopte será bastante más allá de las legislativas de dentro de tres semanas.
Lleral tendrá ante sí otras dos hipótesis. Una de ellas es que Maldonado pudo haber desaparecido por algún incidente con la comunidad mapuche de la Pu Lof de Cushamen. Pero según consta en la causa, después de que la Gendarmería se retiró y de inmediato ingresaran integrantes de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), un grupo de mapuches advirtió sobre la falta de “una compañera y de Santiago”.
Pero es la tercera la que parecería tener mayor asidero, hasta donde llegaron los peritajes hechos con Otranto al frente de la causa. Se trata del comportamiento de la Gendarmería durante el desalojo de la ruta 40 y el posterior ingreso a la Pu Lof aquel 1º de agosto.
Es que sus efectivos aparecieron más cuestionados por las pericias de sus teléfonos, por el análisis de los audios intercambiados entre ellos por medio de whatsapp y también por el papel que jugó el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: Pablo Nocetti estuvo días antes y el mismo día de los hechos en la zona, en la condición de principal interlocutor de Seguridad con la Gendarmería y con los juzgados.
Zaffaroni: "No vivimos en una democracia"
El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, afirmó que actualmente en Argentina no se está “viviendo una democracia”, sino que “hay un engaño a la opinión pública”, entre otras críticas al Gobierno por el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.
“No hay dudas que el gobierno formó parte del encubrimiento, ahí está lo grave. Se comete un error gravísimo al intentar ocultar una desaparición forzada” de Maldonado.
Para Zaffaroni, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la intervención” del juez federal de Esquel Guido Otranto, quien empezó la instrucción de esa causa, “fue penosa, lamentable”, debido a que “no se tomaron las medidas que había que tomar” para determinar el paradero de Maldonado. Zaffaroni también cuestionó la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a quien se le siguen causas judiciales por asociación ilícita, fraude con fondos destinados a viviendas e intimidación pública.
Télam
