La condena, en un juicio abreviado, de un operario de la ex Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (Dinaf) complicó gravemente la situación de tres funcionarias del Estado que ayer comenzaron a ser juzgadas por abandonar a su suerte a la niña Luciana Rodríguez (3), quien luego fue brutalmente asesinada por su padrastro y su madre, en enero de 2014.
Ayer, ni bien la jueza Laura Guajardo abrió el debate por abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra las psicólogas Fabiana Lucentini (50) y Gianina Consina (32), la licenciada en minoridad Mónica Castro (60) y el operario Felipe Vizcarra (59), se produjo una novedad que puede tener consecuencias a la hora de la sentencia.
Es que Pablo Cazabán, abogado de Vizcarra, le informó a la jueza que había pactado con el fiscal Sebastián Capizzi -con el consentimiento del querellante Oscar Mellado- un juicio abreviado que se realizó minutos después.
En efecto, el juez David Mangiafico condenó a Vizcarra a 2 años de prisión en suspenso y a 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
"Lamento la situación. Acepto la culpa", dijo Vizcarra, quien fue considerado por el fiscal Capizzi y el querellante Mellado como "la cara visible del Estado" en el caso Luciana.
Vizcarra fue señalado como el “sujeto inmediato”, en la cadena de responsabilidades de la ex Dinaf que está integrada por las dos psicólogas y la licenciada imputadas.
"Era el operador, no el funcionario que tomaban las decisiones. Cumplía órdenes y tenía responsabilidad", dijo el fiscal y apuntó indirectamente contra las imputadas: "Son los otros los que no quieren asumir la responsabilidad de los hechos".
"Vizcarra se manifiesta como responsable y admite su equivocación y su responsabilidad y la pena de 2 años tiene relación con su formación (nivel primario)", afirmó el fiscal.
"Vizcarra puso en riesgo y desamparo a Luciana, quien era sometida a maltratos. Por lo tanto no puede no haberse representado lo que iba a pasar", dijo Mellado, el representante legal de la abuela de la nena.
Así las cosas, la aceptada culpabilidad de Vizcarra complica inicialmente la situación de las tres funcionarias imputadas.
Es que se desprende del abreviado que, al tener mayor formación y mayor responsabilidad, podrían recibir una pena mayor, de ser encontradas culpables, además de perder su condición de “empleadas de planta” si llegaran a inhabilitarlas.
Con este panorama, cerca de las 12 de ayer, arrancó el debate contra Lucentini, Consina y Castro.
La primera testigo que declaró fue la tía de Luciana. La mujer dijo que reclamó repetidas veces a la ex Dinaf cuando denunció, en marzo de 2013, que la niña había sido golpeada.
Afirmó que el Estado estaba al tanto de la situación y que ella pedía que se la dieran en custodia pero no tenía resultados.
El crimen de Luciana -uno de los casos más brutales de maltrato infantil de los últimos años- se produjo el 7 de enero de 2014. En septiembre de 2015 fueron condenados la madre, Rita Rodríguez (28), y su padrastro, Jorge Orellano (41) a prisión perpetua.
