Caso Luciana: imputaron a seis funcionarios de la Dinaf

Están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público agravado. Por la mañana, Fernando Herrera dejó su cargo como director en el organismo estatal.

Caso Luciana: imputaron a seis funcionarios de la Dinaf

La investigación por el accionar de los organismos del Estado en torno al caso de Luciana Rodríguez, la niña de tres años asesinada a golpes la semana pasada, ayer dio sus primeros coletazos. En las primeras horas de la mañana, renunció Fernando Herrera, el cuestionado director de Protección de Derechos del Niño de Dinaf.

Y por la tarde hubo varias imputaciones.

Seis integrantes de la Dinaf -entre operadores y funcionarios- fueron imputados ayer por la fiscal especial Claudia Ríos. Es la encargada de llevar adelante una investigación contra los funcionarios de la Dinaf y del OAL por su comportamiento una vez que conocieron el caso de la niña.
 
Luciana murió hace una semana después de recibir una feroz golpiza en su casa de Ciudad, supuestamente de parte de su padrastro, Jorge Orellano (36), quien está imputado por el crimen, al igual que la madre de la niña, Rita Rodríguez.

Al mediodía el gobernador Francisco Pérez anunció que tres funcionarios quedaban afuera de la Dinaf. "Comunico por este medio que la renuncia del licenciado Fernando Herrera, Director de Protección de Derechos del Niño, ha sido aceptada", afirmó el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter.

Por esa misma vía, aseguró la suspensión del operador Felipe Vizcarra y Vanesa Gianina Consina, coordinadora OAL Capital,  ambos funcionarios del Órgano Administrativo Local (OAL) de la Dinaf.

A esta novedad por la tarde se sumó la imputación de esos tres funcionarios: fueron acusados por la fiscal Ríos por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con abandono de persona agravado por la muerte", dijo un abogado defensor en la puerta de la fiscalía. La pena por este delito va de cinco a quince años de prisión.

Esa imputación la comparten con otros trabajadores: la licenciada Mónica Castro y la psicóloga del OAL, Fabiana Lucentina.

En tanto, Mauricio Flores, un operador de la guardia telefónica (102) fue  imputado por incumplimiento de funcionario público, cuya pena es una multa.

Todos han sido suspendidos preventivamente de sus funciones.

Al cierre de esta edición todos esperaban recuperar la libertad -incluso bajo fianza- si es que no tenían antecedentes por otros delitos.

Anoche se anunció que quien reemplazará a Herrera en la dirección de Promoción y Protección de Derechos es María de los Ángeles Díaz.

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