No alcanzan los dedos de la mano para contar las denuncias que acumularon Jorge Gabriel Orellano Carrizo (36) y Rita Evelin Estefanía Rodríguez Ríos (24), la
pareja detenida por el asesinato de la pequeña Luciana Milagros Rodríguez (3):
16 son las denuncias que tiene acumulada la investigación que realiza la fiscal especial, Claudia Ríos. La mayoría deja ver cómo funcionó el aparato de contención de esta familia considerada "en situación de calle".
Además, hay dos limpiavidrios que se acercaron a la comisaría Tercera a denunciar directamente que habían sido testigos de que Orellano le pegaba a la nena pero no les tomaron la denuncia. Días después -el martes pasado- la niña murió por un golpe en la cabeza.
En una ocasión, tras una denuncia anónima, llegan los preventores de Capital y constatan que la niña "tiene golpes en la cara y en el cuerpo" y le avisan a la policía.
Pero la más terrible de todas las denuncias es la que se hizo el 7 de enero ( día en que la niña murió) a las 21 (probablemente antes de que muriera la nena, pues un limpiavidrios dice haberla visto a esa hora salir con su padrastro). La denunciante dice que que hay una situación de violencia familiar en la casa de la pareja, en Entre Ríos 358 de Capital. Un móvil policial llegó a las 22.30; un policía informó que no había nadie en la casa, ni en los alrededores. Después se fue.
Minutos más tarde, Orellano llevó el cuerpo de la niña hasta una clínica cercana. La nena ya había muerto.
En general, las denuncias incluyen actuaciones de personal de tres ministerios: policías (Seguridad), funcionarios del OAL (Órgano Administrativo Local, de la Dinaf (Desarrollo Social) y de la línea 102 de maltrato infantil (Salud).
Frente a esta situación, el gobernador Francisco Pérez sólo ha suspendido a dos empleados de bajo rango de la OAL. No dijo sus nombres. En el expediente figuran dos operadores: Rafael Vizcarra y Mauricio Flores.
La OAL es el organismo que se encarga de proteger a los niños en situaciones de riesgo. La velocidad que tuvo la OAL en este caso resulta llamativa:5 días se demoraron para determinar si judicializaban el caso Luciana. La niña fue asesinada antes de que resolvieran el trámite. Ya con el homicidio encima, la OAL se demoró 15 horas en poner un cuidador a las dos hermanitas de Luciana, que estaban en el hospital Notti.
Algunas denuncias
La primera denuncia sobre la pareja detenida surge en 2008, cuando estaban en Amigorena al 100, limpiando vidrios y son detenidos con una arma y un poco de marihuana. Luego se sucederían otras denuncias, cuando Luciana ya había nacido.
- 18 de noviembre de 2011
. Una llamada ingresa al 102 para denunciar que una niña (Luciana) casi es atropellada por cuatro autos en Federico Moreno y Entre Ríos. El 102 no puede hacer nada por un niño en la calle y comunica la novedad al OAL.
- 30 de noviembre de 2012
. Una denuncia anónima dice que en Entre Ríos 358, un hombre le está pegando a una mujer que tiene una niña en brazos. Cuando llega la policía no encuentra nada.
- 8 de diciembre de 2012.
A las 5, un anónimo denuncia que hay ruidos extraños en la casa de la pareja y que el hombre golpeaba a una niña. La policía reporta "resultado negativo".
- 23 de diciembre de 2012
. Una vecina denuncia que un hombre le pega a una mujer en la casa de la calle Entre Ríos. Una hora después, un policía reporta que no vio nada.
Los familiares contra la Dinaf
Claudia Rivas, abuela de la niña, declaró que "me cansé de denunciar los maltratos a Vizcarra y siempre me mandaba a la comisaría".
Rivas sostiene que este operador de la Dinaf no dio crédito a las denuncias que la mujer hacía. En noviembre del año pasado, la mujer ve a la niña y a la pareja en la calle Amigorena. La niña tiene moretones y rasguños en la cara. Rita le dice que se cayó de una escalera, que Orellano la amenaza. "Al día siguiente le conté a Vizcarra y él me dijo que la niña estaba bien que la había visto", sostuvo la abuela.
Luciana estuvo cerca de 6 meses al cuidado de su tía, quien dice que se la quitaron cuando fue a la Dinaf a pedir unas frazadas. La Dinaf dice que la restituyeron a su madre (que vivía en una casa usurpada, sin luz, agua, ni gas) porque la tía no la quería tener más.
En relación a esta restitución resulta verdaderamente esclarecedor un informe de Departamento de Familia, Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Mendoza, de agosto de 2013, oponiéndose a esta medida del OAL por ser inoportuna y prematura.
