Caso Luciana: ATE y Ampros amenazan con un paro

Luego de la imputación de seis funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) los gremios ATE y Ampros aseguran que harán un paro el viernes para protestar contra las condiciones laborales de los trabajadores de esa repartición.

Ayer seis integrantes de la Dinaf -entre operadores y funcionarios- fueron imputados por la fiscal especial

Claudia Ríos,

quien intenta dilucidar por qué había más de 16 denuncias por maltrato y la niña fue restituida a su familia, donde finalmente la asesinaron a golpes.

“Se reunió una asamblea de trabajadores y se ve que toda la situación es así. Se ve con mucha angustia lo que viven los trabajadores”, afirmó esta mañana la secretaria general de ATE,

Raquel Blas.

“Se decidieron porque creo que ellos también están entendiendo, como nosotros entendemos, que cuando uno como trabajador –más en estas situaciones extremas en las que está en riesgo la vida de un menor- no es provisto de los elementos indispensables para desarrollar tareas debe de alguna manera llamar la atención de las autoridades. La única manera que tenemos los trabajadores es la huelga”, aseguró Blas.

Luciana murió hace una semana después de recibir una feroz golpiza en su casa de Ciudad, supuestamente de parte de su padrastro, Jorge Orellano (36), quien está imputado por el crimen, al igual que la madre de la niña, Rita Rodríguez.

Al mediodía el gobernador

Francisco Pérez

anunció que tres funcionarios se quedaban afuera .

"Comunico por este medio que la renuncia del licenciado Fernando Herrera, Director de Protección de Derechos del Niño de la Dinaf, ha sido aceptada", afirmó el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter.

Por esa misma vía, aseguró la suspensión del operador Felipe Vizcarra y Vanesa Gianina Consina, coordinadora OAL Capital, ambos funcionarios del Órgano Administrativo Local (OAL) de la Dinaf.

A esta novedad por la tarde se sumó la imputación de esos tres funcionarios: fueron acusados por la fiscal Ríos por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con abandono de persona agravado por la muerte", dijo un abogado defensor en la puerta de la fiscalía.

La pena por este delito va de cinco a quince años de prisión.

Esa imputación la comparten con otros trabajadores: la licenciada Mónica Castro y la psicóloga del OAL, Fabiana Lucentina.

En tanto, Mauricio Flores, un operador de la guardia telefónica (OAL) fue imputado por incumplimiento de funcionario público, cuya pena es una multa. Todos han sido suspendidos preventivamente de sus funciones.